DÍA 30 HUELGA GENERAL

No es la izquierda, es el nacionalismo radical.

En los tiempos que corren encontrar argumentos para convocar una huelga general no es tarea difícil: pensionistas, trabajadores en precario, parados, perceptores de RGI … o más fácil todavía, solo hay que exigir más de lo que el gobierno ofrece. El milagro de las palabras. Ya tenemos legitimada una Huelga General para consumo de la parroquia. Mucho más complicado resulta que dicha huelga general represente el sentir de la sociedad y muchísimo más complicado que sirva para conseguir lo que dice pretender.

La convocatoria del 30 de enero, realizada desde el ámbito del nacionalismo radical, está cargada de contradicciones que la invalidan como un instrumento para la mejora social:

1) Divide al movimiento de pensionistas, muy dinámico en Euskadi, que hasta hoy esta siendo una punta de lanza en la defensa del sistema de pensiones público. Nunca han aceptado un movimiento de pensionistas plural y con protagonismo, que no controlan. Su lógica, como lo han hecho con otros movimientos sociales, les lleva a hacer pasar por el ojo de la aguja nacionalista a las reivindicaciones del movimiento. Y si para eso tienen que dividirlo.. pues lo hacen.

2) Divide al movimiento sindical. CCOO y UGT no comparten la convocatoria en cuanto que entienden que no es el momento para realizar una huelga general. Más aún, denuncian el carácter excluyente de las reivindicaciones que se plantean. Están basadas en el programa (marco vasco de relacciones laborales, seguridad social propia, 1080€ etc ) de una parte del sindicalismo, vestido de única solución a los problemas sociales..

3)  Por la división que genera y por los limites geográficos de la convocatoria, esta movilización no tiene capacidad de presión sobre los poderes políticos, económicos y sociales.

4) Se hace contra un gobierno progresista (Psoe-Podemos) comprometido con el mantenimiento de las pensiones y la mejora de las condiciones de la gente trabajadora. Paradójicamente, la investidura del presidente de dicho gobierno ha contado con el apoyo de Bildu, uno de los convocantes de la huelga, en forma de abstención.

5) Pero se hace, sobre todo, contra el gobierno vasco que acaba de aumentar el gasto social, de la mano del acuerdo presupuestario con Podemos.  Continuando con las paradojas. ¿Cómo se entiende que Bildu denuncie abiertamente el acuerdo del gobierno vasco, considerandolo insuficiente, y a la vez apoye el presupuesto navarro que no es mejor?. Además, se le exigen cosas para las que no tiene competencias.

En mi opinión, las razones de la huelga hay que encontrarlas en los problemas y necesidades del nacionalismo radical.

Se acercan las elecciones autonómicas y Bildu necesita destacar en un momento en el que la iniciativa política la tienen otros. La posibilidad de que se cree un frente soberanista de cara a la reforma del estatuto, su jugada estrella en 2018, se ha desvanecido. El PNV, de momento, prefiere otra vía más pragmática. Por otra parte, Podemos, un competidor en el terreno social, ha ganado presencia mediática apareciendo ante la sociedad vasca como una fuerza útil que puede influir en la política del Gobierno vasco ( acuerdo PNV-PSOE-PODEMOS para los presupuestos) y en el de Madrid (Gobierno PSOE-PODEMOS). Bildu puede ver en la H.G. una forma de mantener las filas electorales prietas, marcando diferencias con las demás fuerzas políticas, además de intentar pescar votos en caladeros ajenos.

ELA, sin embargo, no tiene necesidades electorales, obstenta el 41% de la representación sindical en Euskadi. Pero ELA lleva años queriendo ser una fuerza determinante en el mundo nacionalista y por ende en la sociedad vasca, aspirando a influir más allá del ámbito sindical. Partidaria de estrategias soberanistas, la organización sindical ve en la transversalidad de Urkullu un freno a la construcción nacional. Por otra parte, ofrece un perfil de confrontación frente al avance del “capitalismo salvaje” que le ha llevado a no participar en la Mesa de Dialogo Social, el CRL, el CES o en LANBIDE, aunque no tiene problemas a la hora de firmar planes de pensiones privados para los funcionarios de la administración vasca. Otra característica del sindicalismo de ELA es el intento de excluir al sindicalismo no nacionalista tratando de desprestigiar su línea sindical, especialmente cuando éste negocia con la administración y las patronales, y desmarcándose de todas las movilizaciones que se convocan a nivel estatal considerándolas ajenas a la clase trabajadora vasca. Sin embargo, su modelo sindical no puede ofrecer grandes logros. A pesar de ser un sindicato muy potente en Euskadi, su influencia en las políticas socio-económicas que afectan al país esta por debajo de sus expectativas.

La pseudo huelga general que convocan Ela, Lab y Bildu, como contamos en los primeros párrafos, no sirve para conseguir lo que dicen pretender, pero les viene bien para sacar pecho, reafirmándose ante su gente, además de dividir a los movimientos sociales (sindicalismo, pensionistas) entre nacionalistas y no nacionalistas en coherencia con su visión excluyente del país.

HABEMUS PAPAM

Por fin Pedro Sánchez ha conseguido ser investido presidente del gobierno de España. Después de un proceso azaroso, que se inició con la moción de censura a Rajoy y ha supuesto dos elecciones al parlamento en el mismo año, Pedro Sánchez ha sido capaz de consensuar con toda una constelación de pequeños y medianos partidos su nombramiento a presidente.

El tortuoso camino recorrido ha conocido las contradictorias relaciones entre PSOE y Podemos, el hundimiento de Ciudadanos, la eclosión de la ultraderecha, la caída y cierta recuperación del PP, la división en el soberanismo catalán, un relativo avance del nacionalismo vasco y el surgimiento de fuertes sentimientos de agravio por el abandono del mundo rural. Todo ello en un contexto muy voluble donde la identificación de la ciudadanía con los diferentes proyectos políticos varía de un día para otro.

La investidura ha sido consecuencia, sobre todo, de dos grandes acuerdos, el habido entre PSOE y Podemos, de marcado carácter social, y los compromisos adquiridos por Pedro Sanchez con ERC de cara a tratar el lio catalán en términos políticos. Se está buscando una gobernación progresista, que ayude a las personas perjudicadas por la crisis económica y refuerce el estado de bienestar. Por otra parte, el futuro nuevo gobierno se compromete a atender las demandas nacionalistas de ERC, siempre y cuando no se sobrepasen los límites constitucionales. Pero el encaje de bolillos de la investidura ha implicado otros pactos menores entre los que cabe destacar el llevado a cabo con el PNV, quien además de completar el estatuto vasco se permite pactar competencias para Navarra y negociar “modificaciones legales para reconocer las identidades nacionales” sin especificar a qué se refieren.

Pedro Sánchez ha configurado el único gobierno posible, después de que la derecha le negara el pan y el agua, especialmente Ciudadanos, y con ello ha evitado que se repitan las elecciones por tercera vez con resultados inciertos.

Para una persona de izquierdas siempre es esperanzador la formación de un gobierno progresista. Pero sin embargo, en esta ocasión no puedo ocultar mi escepticismo. Hay quien saluda al nuevo gobierno convencido de que estamos ante un nuevo contrato social del pelo del que dio lugar al estado del bienestar en el siglo XX. Se equivoca. Estamos ante un pacto de gobierno para cuatro años sobre cuya estabilidad se levantan muchas sombras.

En primer lugar, la derecha no solo no forma parte del acuerdo sino que lo intenta tumbar, siendo muy beligerante tanto con sus contenidos sociales, según ellos arruinan el país, como con la negociación con los nacionalismos periféricos, que según ellos también, rompen España. Prometen una oposición netamente destructiva. Posiblemente su arma mas letal no va a estar en el parlamento sino en los juzgados. Un artículo de Ignacio Escolar “Lawfare contra el nuevo gobierno” publicado el 30/12/2019 en diario.es lo expone, creo que con acierto.

En segundo lugar, buena parte de lo acordado en el “Pacto del polvorón” (Psoe-Podemos) depende de las posibilidades que ofrezca la economía. Emilio Ontiveros en su artículo “Riesgos limitados” El País 31/12/2019 recuerda, entre otras cosas, que las promesas económicas quedan subordinadas, en el propio acuerdo, a dos capítulos más vinculantes: “consolidar el crecimiento y la creación de empleo” y “la justicia social y el equilibrio presupuestario”, donde los propios enunciados marcan las prioridades. Ademas Ontiveros advierte de la importancia de la pertenencia a la unión monetaria y a sus reglas. Después de los peores años de la crisis, dicha pertenencia ha permitido que la deuda pública española se financie con una prima de riesgos baja y que el flujo de inversión extranjera directa no haya dejado de crecer. Estoy convencido de que estas premisas no van a ser incumplidas. El problema es que entramos en una fase de desaceleración económica, que afecta a la industria, como consecuencia del enfriamiento en la eurozona y que limitará las posibilidades del gasto público.

En tercer lugar, el gobierno es consecuencia de un complejo acuerdo a varias bandas que debe reeditarse cada vez que sea necesaria una mayoría para sacar adelante leyes como las presupuestarias. Lo que quiere decir que la estabilidad del gobierno va estar sometida a varios tipos de turbulencias. El conflicto catalán puede ser el principal quebradero de cabeza del nuevo gobierno si no se encuentra una pista de aterrizaje para el nacionalismo. Pero también Podemos puede verse tentado a romper sus acuerdos si los objetivos sociales que ha pactado no alcanzan los niveles esperados, cundiendo el desencanto entre sus votantes. La perspectiva de retroceso electoral puede hacer cambiar de opinión a Pablo Iglesias y los suyos.

Las últimas reflexiones van dirigidas a las peticiones nacionalistas. Su cumplimiento constituye una de las claves de la próxima legislatura. Comparto la idea de que es mejor negociar, hablar, usar la política para solucionar cualquier problema en la convivencia. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que son las regiones más ricas las que demandan más poder. Entiendo que los movimientos nacionalistas y sus demandas son legítimos. Como entiendo que su propia existencia es la mejor manifestación del caracter plural de España. Pero sus demandas no son un derecho, aunque ellos pretendan conectarlas con fueros y constituciones de otras épocas dándoles el rango de derechos históricos. Aquellos fueros lo fueron en epócas no democráticas y no pueden inspirar a un estado moderno que entre otras cosas debe guiarse por la solidaridad. Por eso, me sorprende el entusiasmo de parte de la izquierda. Que hay de progresista en el hecho de que en Euskadi tengamos los mejores servicios sociales del sur de Europa si en Extremadura los ciudadanos no tienen acceso al tren?. Somos capaces de solidarizarnos, justamente, con los países del tercer mundo, pero somos incapaces de repartir con las regiones más pobres del País en el que vivimos.

Por otra parte, no sé que se esconde detrás de la frase “modificaciones legales para reconocer las identidades nacionales”, pero si sé que las cuotas de poder que caen en manos de los nacionalismos son usadas en clave de construcción nacional, uniformizando a sociedades plurales y complejas como la vasca y la catalana. Joseba Arregi observa con preocupación los acuerdos de gobierno y señala (“Miedo a la complejidad” El Correo 04/01/2020) “….. los vascos van a conseguir, más allá de las competencias debidas …………. reducir las complejas identidades vascas a una simple identidad territorial” ........“Que España sea plurinacional es un hecho constatable. En la medida en que hay miles de personas que se sienten pertenecientes a la nación vasca, o a la catalana, existen la nación etnocultural vasca y la catalana. Y a la inversa:en la medida en que en Euskadi y Cataluña existen miles de personas que se sienten pertenecientes, al menos también, a la nación etnocultural española, Euskadi y Cataluña son tan o estructuralmente más plurinacionales que España misma. Sin contar a todos aquellos que, por encima de su pertenencia a la nación etnocultural vasca o catalana, o española, tanto en Euskadi como en Cataluña se sienten y saben pertenecientes a la nación política española como ciudadanos sujetos de derechos y libertades garantizados por la Constitución.”

Los conflictos nacionales, en un país tan complejo al respecto como España, no tienen solución final, pero pueden ser encauzados con más normalidad y tranquilidad desde una organización federal del estado. El Estado federal distribuye el poder y la soberanía entre las entidades que lo forman pero también exige cooperación, solidaridad y coordinación entre las partes, así como fidelidad al proyecto común.

Pero no puedo acabar estas líneas sin desear suerte y feliz andadura al gobierno de Pedro Sánchez, especialmente en lo que se refiere a las propuestas sociales.