Los sindicatos ELA, LAB, ESK, HIRU, STEE y ETXALDE han convocado una huelga general exigiendo un SMI de 1.500 euros en 14 pagas. El telón de fondo es el de una sociedad vasca con problemas de distribución de la riqueza. Un sector amplio —según los convocantes, 140.000 personas— cobra menos de la cantidad reivindicada. Sobre todo, se trata de jóvenes y emigrantes que tienen verdaderas dificultades para acceder a la vivienda y a una vida independiente y digna. Teniendo en cuenta que el coste de la vida en Euskadi y Navarra es superior al de la mayoría de las comunidades autónomas, estos sindicatos exigen un SMI propio para compensar el desequilibrio.
Sin embargo, las aspiraciones sindicales chocan con un muro insuperable: el SMI es competencia exclusiva del Estado. El Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra, instituciones principales en el marco en que se convoca la huelga, no son interlocutores válidos. El Estatuto de los Trabajadores así lo establece, y recientemente ha sido confirmado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El Gobierno central, además de por el impedimento legal, difícilmente puede verse emplazado a la negociación que reclaman los convocantes, porque el alcance de la huelga es muy limitado —solo Euskadi y Navarra— y porque hace menos de dos meses subió el SMI hasta 1.221 euros en 14 pagas, después de difíciles negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios. En pocas palabras, los convocantes de la huelga plantean un imposible.
Por otra parte, los sindicatos cuentan con la negociación colectiva para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la misma sentencia, también confirma que sí sería legal un acuerdo interprofesional entre sindicatos y patronal que estableciera un suelo salarial mínimo.
La diferencia entre un acuerdo interprofesional con las patronales vasca y navarra que recogiera un sueldo mínimo y un SMI propio de cada autonomía no es baladí. En este último caso se rompe la unidad del SMI a nivel estatal, provocando una fragmentación de la negociación entre comunidades autónomas. El resultado es obvio: allí donde la economía es de base industrial, con mayor implementación tecnológica y mayor productividad, y donde además coincide una clase obrera más organizada y activa —como suele ser el caso— se conseguiría un SMI más alto. Por el contrario, donde la economía está dominada por el sector primario y terciario, con una productividad baja y una clase obrera débil, el SMI sería menor. De ahí la importancia de mantener un SMI estatal unificado en nombre de la solidaridad interterritorial. En mi opinión, la crítica que hacen CCOO y UGT, calificando de insolidaria la reivindicación de un SMI autonómico, es correcta. Mientras que con el acuerdo interprofesional no se rompe nada: se mantiene la unidad del SMI, pero allí donde el nivel de vida sea más alto las patronales pueden comprometerse con salarios más elevados. Hay que recordar que los acuerdos interprofesionales tienen carácter legal y son de obligado cumplimiento.
No me cabe la menor duda de que mejorar la situación económica de los sectores más pobres de la sociedad es un objetivo loable. El problema surge cuando se plantea un camino para conseguirlo —la huelga general para un SMI propio— que no tiene salida. Entonces cabe preguntarse qué sentido tiene la convocatoria, qué se pretende con ella.
Tampoco tengo la menor duda de que los sindicatos convocantes mezclan reivindicaciones sociales con aspiraciones nacionalistas. Con ello pretenden arrastrar a la sociedad a sus proyectos políticos, usando al movimiento obrero como ariete.
En mi opinión, los sindicatos vascos deberían centrarse primero en buscar la mayor unidad sindical posible y luego en plantear reivindicaciones viables, por ejemplo exigiendo a las patronales un suelo salarial que tenga como referencia la recomendación de la Carta Social Europea: el 60% del salario medio.
Esteban Diego.
No hay comentarios:
Publicar un comentario