La corrupción en la política ha sido una constante desde el inicio de la democracia española. En estos 46 años hemos conocido un sinfín de casos que han afectado a todas las instituciones: gobiernos, autonomías, ayuntamientos e incluso a la Casa Real.
Ya en los gobiernos de Felipe González surgieron los primeros casos en democracia: FILESA, Roldán, etc. A partir del año 2000 aumentaron como consecuencia del boom inmobiliario, siendo el PP el principal protagonista: Gürtel, Púnica, Bárcenas…; pero el PSOE también se vio envuelto en los ERE de Andalucía. Los partidos nacionalistas que han ostentado el poder en sus autonomías tampoco han quedado al margen. CIU se benefició de la financiación del Palau y la familia Pujol fue acusada de cobrar el 3 % por facilitar inversiones. Al PNV le estallaron la trama De Miguel y el caso Hiriko. Para que no falte nadie, también la Casa Real ha tenido lo suyo: Urdangarin y los problemas con Hacienda del rey emérito. Pero estos hechos son solo los más abultados y mediáticos; a nivel local, el tráfico de influencias ha sido una práctica frecuente. Se habla de un sobrecoste en la contratación pública que podría llegar a los 60.000 millones de euros al año.
La financiación de los partidos políticos, el lucro personal, el nepotismo y las puertas giratorias han convertido a personas y organizaciones, supuestamente honradas, en sanguijuelas de la democracia.
De hecho, una de las razones que explican el enorme desprestigio que tienen los políticos y el sistema democrático entre amplios sectores de la población es el abuso de poder que hay detrás de la corrupción. Sentirnos engañados por quienes, en principio, se presentaron como personas íntegras dispuestas al servicio público, pero resultaron más proclives a sus ambiciones personales —cuando no a sus pasiones más esperpénticas— no solo incentiva nuestra desconfianza hacia la política en general, sino que también facilita la llegada de populismos autoritarios.
A partir de los años noventa se tomaron medidas, por gobiernos de diferente signo, para combatir la corrupción. La creación de la Fiscalía Anticorrupción, la Ley de Transparencia y la Ley de Financiación de Partidos Políticos fueron, quizá, las más importantes. También se aprobaron otras destinadas a endurecer el Código Penal y aumentar el control en la contratación pública. Sin embargo, los resultados no han sido positivos. Se ha criticado que han sido medidas reactivas, aplicadas de forma irregular porque chocan con la falta de independencia de las instituciones y la lentitud de la justicia.
Pedro Sánchez llegó al poder el 1 de junio de 2018, después de una moción de censura contra Mariano Rajoy, en medio de uno de los casos de corrupción más escandalosos de la historia de la democracia española: el caso Gürtel. Pero, poco tiempo después, apenas dos años más tarde, su gobierno se vio implicado en contratos ilegales relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia. Es el conocido caso Koldo, que, de momento, salpica a José Luis Ábalos, ministro del primer gobierno de Sánchez y secretario de Organización del PSOE entre 2017 y 2021, y a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE entre 2021 y 2025.
Los gobiernos de Pedro Sánchez han intensificado la legislación anticorrupción con el objetivo de prevenirla (más controles y transparencia), castigarla (penas más duras y listas negras de empresas corruptoras) y detectarla mejor (creación de una agencia independiente y protección a denunciantes). Sin embargo, llama la atención que el grueso de estas medidas se decidiera en 2023 —Ley de Protección del Denunciante— y en 2025 —Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción—, precisamente cuando se destapó el caso Koldo. Parecen medidas impulsadas por la crisis política derivada del descubrimiento de la trama.
Todavía no sabemos qué depararán los juicios por este caso, pero resulta muy sospechoso que dos secretarios de Organización del PSOE estén acusados. ¿Se puede hablar de financiación ilegal del PSOE? No se ha demostrado hasta ahora. Pero sí existe una responsabilidad política que va más allá de expulsar del partido a los implicados: la negligencia a la hora de controlar la acción de los responsables del Gobierno, más aún cuando la llegada al poder de Pedro Sánchez fue consecuencia de la corrupción en el PP.
¿Pero cómo se soluciona esto? Hay quien, apelando a la ética, reivindica un político que gestione los bienes públicos con honradez. Sin embargo, la capacidad humana para el mal no es exclusiva de unos pocos pervertidos, sino una posibilidad que habita en la mayoría de nosotros. Solo las normas y los controles pueden garantizar, en alguna medida, el comportamiento ético de quienes dirigen la administración.
Aun con todo, España no es el país más corrupto de Europa. Según Transparency International, ocupa una posición intermedia en el ranking europeo. Aunque suele decirse que «mal de muchos, consuelo de tontos». La democracia española debería tener como referencia a los países que ocupan los primeros puestos en dicho ranking anticorrupción: los países nórdicos.
Según diferentes expertos, si comparamos la situación en España con la de Dinamarca o Finlandia, la diferencia no está tanto en la legislación —más o menos parecida— como en la aplicación de las normas. En los países nórdicos destaca la independencia de las instituciones y la escasa interferencia del poder político en el nombramiento de cargos públicos. Los sistemas judiciales son más ágiles y efectivos. La transparencia sobre los cargos públicos y la gestión de las instituciones permite a los ciudadanos acceder a la información de manera rápida y sencilla. Los controles sobre la acción institucional son más intensos que en el resto de Europa y la sociedad no tolera, en ninguna medida, a los políticos corruptos.
En España, sin embargo, son notorios los problemas del sistema judicial. Desde las dificultades para renovar el Consejo General del Poder Judicial, debido a la manipulación política que hace la derecha, hasta la extrema lentitud provocada por la falta de recursos, que lo convierte, en ocasiones, en ineficaz. Un caso paradigmático de la manipulación de la justicia en España es el del novio de Isabel Díaz Ayuso. En principio, se trata de un caso típico de fraude fiscal, pero ha acabado provocando la culpabilización y dimisión del fiscal general del Estado. El Tribunal Supremo, de corte conservador, ha encontrado culpable de filtrar a la prensa información confidencial al Fiscal General del Estado, de corte progresista, sin hechos probados.
Aunque en España la tolerancia hacia la corrupción ha cambiado con respecto a hace unas décadas y ahora somos mucho más exigentes, la ciudadanía vive este tema de forma contradictoria. Ante la gran corrupción se enfada y descalifica a la política, pero en su vida cotidiana participa en cientos de pequeñas corruptelas, por ejemplo con el IVA. Todavía estamos lejos de la cultura cívica nórdica, implacable con cualquier tipo de corrupción, grande o pequeña.
Todavía no sabemos qué eficacia tendrán las nuevas normas sobre transparencia y control; algunas son demasiado recientes. En cualquier caso, la corrupción es una de las asignaturas en las que nuestra democracia tiene un amplio margen de mejora, lo que resulta decepcionante después de casi 50 años de existencia.
