CORRUPCION

 

La corrupción en la política ha sido una constante desde el inicio de la democracia española. En estos 46 años hemos conocido un sinfín de casos que han afectado a todas las instituciones: gobiernos, autonomías, ayuntamientos e incluso a la Casa Real.

Ya en los gobiernos de Felipe González surgieron los primeros casos en democracia:  FILESA, Roldán, etc. A partir del año 2000 aumentaron como consecuencia del boom inmobiliario, siendo el PP el principal protagonista: Gürtel, Púnica, Bárcenas…; pero el PSOE también se vio envuelto en los ERE de Andalucía. Los partidos nacionalistas que han ostentado el poder en sus autonomías tampoco han quedado al margen. CIU se benefició de la financiación del Palau y la familia Pujol fue acusada de cobrar el 3 % por facilitar inversiones. Al PNV le estallaron la trama De Miguel y el caso Hiriko. Para que no falte nadie, también la Casa Real ha tenido lo suyo: Urdangarin y los problemas con Hacienda del rey emérito. Pero estos hechos son solo los más abultados y mediáticos; a nivel local, el tráfico de influencias ha sido una práctica frecuente. Se habla de un sobrecoste en la contratación pública que podría llegar a los 60.000 millones de euros al año. 

La financiación de los partidos políticos, el lucro personal, el nepotismo y las puertas giratorias han convertido a personas y organizaciones, supuestamente honradas, en sanguijuelas de la democracia.

De hecho, una de las razones que explican el enorme desprestigio que tienen los políticos y el sistema democrático entre amplios sectores de la población es el abuso de poder que hay detrás de la corrupción. Sentirnos engañados por quienes, en principio, se presentaron como personas íntegras dispuestas al servicio público, pero resultaron más proclives a sus ambiciones personales —cuando no a sus pasiones más esperpénticas— no solo incentiva nuestra desconfianza hacia la política en general, sino que también facilita la llegada de populismos autoritarios.

A partir de los años noventa se tomaron medidas, por gobiernos de diferente signo, para combatir la corrupción. La creación de la Fiscalía Anticorrupción, la Ley de Transparencia y la Ley de Financiación de Partidos Políticos fueron, quizá, las más importantes. También se aprobaron otras destinadas a endurecer el Código Penal y aumentar el control en la contratación pública. Sin embargo, los resultados no han sido positivos. Se ha criticado que han sido medidas reactivas, aplicadas de forma irregular porque chocan con la falta de independencia de las instituciones y la lentitud de la justicia.

Pedro Sánchez llegó al poder el 1 de junio de 2018, después de una moción de censura contra Mariano Rajoy, en medio de uno de los casos de corrupción más escandalosos de la historia de la democracia española: el caso Gürtel. Pero, poco tiempo después, apenas dos años más tarde, su gobierno se vio implicado en contratos ilegales relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia. Es el conocido caso Koldo, que, de momento, salpica a José Luis Ábalos, ministro del primer gobierno de Sánchez y secretario de Organización del PSOE entre 2017 y 2021, y a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE entre 2021 y 2025.

Los gobiernos de Pedro Sánchez han intensificado la legislación anticorrupción con el objetivo de prevenirla (más controles y transparencia), castigarla (penas más duras y listas negras de empresas corruptoras) y detectarla mejor (creación de una agencia independiente y protección a denunciantes). Sin embargo, llama la atención que el grueso de estas medidas se decidiera en 2023 —Ley de Protección del Denunciante— y en 2025 —Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción—, precisamente cuando se destapó el caso Koldo. Parecen medidas impulsadas por la crisis política derivada del descubrimiento de la trama.

Todavía no sabemos qué depararán los juicios por este caso. Aunque, no se puede hablar de financiación ilegal del PSOE, no se ha demostrado hasta ahora, sí existe una responsabilidad política que va más allá de expulsar del partido a los implicados: la negligencia a la hora de controlar la acción de los responsables del Gobierno, más aún cuando la llegada al poder de Pedro Sánchez fue consecuencia de la corrupción en el PP.

¿Pero cómo se soluciona esto? Hay quien, apelando a la ética, reivindica un político que gestione los bienes públicos con honradez. Sin embargo, la capacidad humana para el mal no es exclusiva de unos pocos pervertidos, sino una posibilidad que habita en la mayoría de nosotros. Solo las normas y los controles pueden garantizar, en alguna medida, el comportamiento ético de quienes dirigen la administración.

Aun con todo, España no es el país más corrupto de Europa. Según Transparency International, ocupa una posición intermedia en el ranking europeo. Aunque suele decirse que «mal de muchos, consuelo de tontos». La democracia española debería tener como referencia a los países que ocupan los primeros puestos en dicho ranking anticorrupción: los países nórdicos.

Según diferentes expertos, si comparamos la situación en España con la de Dinamarca o Finlandia, la diferencia no está tanto en la legislación —más o menos parecida— como en la aplicación de las normas. En los países nórdicos destaca la independencia de las instituciones y la escasa interferencia del poder político en el nombramiento de cargos públicos. Los sistemas judiciales son más ágiles y efectivos. La transparencia sobre los cargos públicos y la gestión de las instituciones permite a los ciudadanos acceder a la información de manera rápida y sencilla. Los controles sobre la acción institucional son más intensos que en el resto de Europa y la sociedad no tolera, en ninguna medida, a los políticos corruptos.

En España, sin embargo, son notorios los problemas del sistema judicial. Desde las dificultades para renovar el Consejo General del Poder Judicial, debido a la manipulación política que hace la derecha, hasta la extrema lentitud provocada por la falta de recursos, que lo convierte, en ocasiones, en ineficaz. Un caso paradigmático de la manipulación de la justicia en España es el del novio de Isabel Díaz Ayuso. En principio, se trata de un caso típico de fraude fiscal, pero ha acabado provocando la culpabilización y dimisión del fiscal general del Estado. El Tribunal Supremo, de corte conservador, ha encontrado culpable de filtrar a la prensa información confidencial al Fiscal General del Estado, de corte progresista, sin hechos probados.

Aunque en España la tolerancia hacia la corrupción ha cambiado con respecto a hace unas décadas y ahora somos mucho más exigentes, la ciudadanía vive este tema de forma contradictoria. Ante la gran corrupción se enfada y descalifica a la política, pero en su vida cotidiana participa en cientos de pequeñas corruptelas, por ejemplo con el IVA. Estamos lejos de la cultura cívica nórdica, implacable con cualquier tipo de corrupción, grande o pequeña.

Todavía no sabemos qué eficacia tendrán las nuevas normas sobre transparencia y control; algunas son demasiado recientes. En cualquier caso, la corrupción es una de las asignaturas en las que nuestra democracia tiene un amplio margen de mejora, lo que resulta decepcionante después de casi 50 años de existencia.

Esteban Diego.

POR UN EUSKERA INCLUSIVO, SIN DISCRIMINACIONES

 

En los últimos tiempos estamos viviendo una tensa situación en torno al euskera que ha

tenido su punto álgido en la expulsión de CCOO de la korrika.

Desde hace unos años, en las instituciones vascas aumentan las exigencias  de euskera en los puestos de trabajo de la administración. Se piden perfiles más altos y se perfilan más plazas, por encima de los índices que obliga la norma. Como consecuencia de las protestas de trabajadores por sentirse discriminados y, en ocasiones, desplazados de sus trabajos, CCOO ha impulsado una serie de demandas contra la imposición abusiva de los perfiles lingüísticos. Estas afectan a una veintena de oposiciones y a algunos contratos públicos que externalizan funciones. También ha impugnado dos normas del Gobierno vasco (Acuerdo de 2023 sobre uso del euskera en la administración y Acuerdo de 2023 sobre uso del euskera en la contratación pública). Con ello, CCOO no pretende agredir el euskera, sino  parar lo que entiende como exigencias injustificadas, desproporcionadas y discriminatorias porque restringen el acceso al empleo público. 

En este contexto, también surgió “Euskera Denontzat por un Euskera sin barreras” que pretende promover un debate propositivo sobre política lingüística en Euskadi en clave pluralista. Este grupo también ha promovido demandas por razones similares a las de CCOO.

Los jueces han dado la razón en la mayoría de los casos a los demandantes estableciendo una doctrina judicial con varios criterios:

1. No se puede exigir euskera de forma generalizada sin motivación funcional.

2. No se puede imponer el euskera como lengua prioritaria. Debe respetarse la cooficialidad del castellano.

3. No puede haber jerarquía entre lenguas oficiales.

4. Se deben respetar los criterios de proporcionalidad (el nivel de euskera debe ajustarse al puesto), funcionalidad (solo se puede exigir si es necesario para el trabajo real) e igualdad (no se puede restringir el acceso a los empleos públicos injustificadamente).

Desgraciadamente, la furibunda reacción del mundo nacionalista ha buscado la confrontación frente al dialogo y en varios casos se ha manifestado un talante nada democrático. En 2023 Kontseilua organizó una manifestación contra las sentencias del TSJPV. La Korrika ha expulsado a CCOO en una decisión que rompe con el pluralismo dentro de un evento que pretende ser de todas las personas que quieren impulsar el euskera. Además, este sindicato está sufriendo ataques y pintadas en sus locales por parte de “desconocidos”. Los sindicatos ELA y LAB han calificado las demandas como ataques contra el euskera. La revista Argia ha organizado un montaje para desacreditar a “Euskera Denontzat”, cuando esta entidad pretendía denunciar el hecho de que la totalidad de las 25 plazas de administrativo de una OPE del ayuntamiento de Renteria se perfilaran con PL3 (C1), claramente desproporcionado. Los comités de empresa de la Diputación de Gipuzkoa y del Ayuntamiento de Donostia, con mayoría de ELA y LAB, han llegado a convocar una asamblea para desprestigiar a Sabin Zubiri, miembro de Euskera Denontzat y trabajador de la Diputación, ante sus compañeros de trabajo.

Para el mundo nacionalista el euskera necesita “protección activa” en palabras del lehendakari Pradales. La cooficialidad no se puede entender como un empate neutro porque el euskera parte de una situación de desventaja. Sin embargo, la aplicación de este criterio de manera unilateral y sin tener en cuenta que la mayoría de la población vasca  no puede acreditar los perfiles requeridos, crea un conflicto entre euskera y  trabajo.

 La Ley de Normalización del uso del Euskera de 1982, así como los índices están pensados para garantizar el uso del euskera en la administración, pero manteniendo un equilibrio en el conflicto arriba señalado. Los índices son porcentajes que indican cuántos puestos de trabajo deben ser perfilados teniendo en cuenta los siguientes criterios: porcentaje de población euskaldun, tipo de administración y servicio, funciones del puesto y realidad sociolingüística del entorno. El problema ha surgido cuando se ha abierto una tendencia a perfilar por encima de lo recomendado por los índices, rompiendo los equilibrios y con ello la tranquilidad social que necesita el euskera.

Por otra parte, no está demostrado que la recuperación de una lengua pase por su exigencia en los puestos de trabajo de la administración, sino por su utilización en la calle y esto depende de la voluntad de la ciudadanía. Es llamativo que la mayoría de los euskaldunes se comuniquen en castellano en público y dejen el euskera para el ámbito familiar.  A pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho y la ingente cantidad de dinero que se ha gastado y se gasta desde la administración, el euskera no acaba de salir de una situación de diglosia. Intentar imponerlo no hace más que poner en riesgo la convivencia, como ya está ocurriendo.

La clave de bóveda de la democracia es la convivencia, la cual necesita que el estado de derecho funcione. Este garantiza que nadie ni institución, ni entidad, ni persona alguna estén por encima de la ley. Así, se evita la arbitrariedad del poder, sea institucional o sea particular. Toda la ciudadanía puede y debe exigir que se cumpla la ley si considera que ha sido agraviado en sus derechos, luego los jueces decidirán. Pero lo que nunca debería haber ocurrido es que quienes deciden llevar a los tribunales lo que consideran justo sufran el escarnio de ser expulsado de Korrika como han hecho con CCOO o el linchamiento público de “Euskera Denontzat”.

Esteban Diego

17 DE MARZO HUELGA GENERAL POR UN SMI PROPIO.

 

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, HIRU, STEE y ETXALDE han convocado una huelga general exigiendo un SMI de 1.500 euros en 14 pagas. El telón de fondo es el de una sociedad vasca con problemas de distribución de la riqueza. Un sector amplio —según los convocantes, 140.000 personas— cobra menos de la cantidad reivindicada. Sobre todo, se trata de jóvenes y emigrantes que tienen verdaderas dificultades para acceder a la vivienda y a una vida independiente y digna. Teniendo en cuenta que el coste de la vida en Euskadi y Navarra es superior al de la mayoría de las comunidades autónomas, estos sindicatos exigen un SMI propio para compensar el desequilibrio.

Sin embargo, las aspiraciones sindicales chocan con un muro insuperable: el SMI es competencia exclusiva del Estado. El Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra, instituciones principales en el marco en que se convoca la huelga, no son interlocutores válidos. El Estatuto de los Trabajadores así lo establece, y recientemente ha sido confirmado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El Gobierno central, además de por el impedimento legal, difícilmente puede verse emplazado a la negociación que reclaman los convocantes, porque el alcance de la huelga es muy limitado —solo Euskadi y Navarra— y porque hace menos de dos meses subió el SMI hasta 1.221 euros en 14 pagas, después de difíciles negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios. En pocas palabras, los convocantes de la huelga plantean un imposible.

Por otra parte, los sindicatos cuentan con la negociación colectiva para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la misma sentencia, también confirma que sí sería legal un acuerdo interprofesional entre sindicatos y patronal que estableciera un suelo salarial mínimo.

La diferencia entre un acuerdo interprofesional con las patronales vasca y navarra que recogiera un sueldo mínimo y un SMI propio de cada autonomía no es baladí. En este último caso se rompe la unidad del SMI a nivel estatal, provocando una fragmentación de la negociación entre comunidades autónomas. El resultado es obvio: allí donde la economía es de base industrial, con mayor implementación tecnológica y mayor productividad, y donde además coincide una clase obrera más organizada y activa —como suele ser el caso— se conseguiría un SMI más alto. Por el contrario, donde la economía está dominada por el sector primario y terciario, con una productividad baja y una clase obrera débil, el SMI sería menor. De ahí la importancia de mantener un SMI estatal unificado en nombre de la solidaridad interterritorial. En mi opinión, la crítica que hacen CCOO y UGT, calificando de insolidaria la reivindicación de un SMI autonómico, es correcta. Mientras que con el acuerdo interprofesional no se rompe nada: se mantiene la unidad del SMI, pero allí donde el nivel de vida sea más alto las patronales pueden comprometerse con salarios más elevados. Hay que recordar que los acuerdos interprofesionales tienen carácter legal y son de obligado cumplimiento.

No me cabe la menor duda de que mejorar la situación económica de los sectores más pobres de la sociedad es un objetivo loable. El problema surge cuando se plantea un camino para conseguirlo —la huelga general para un SMI propio— que no tiene salida. Entonces cabe preguntarse qué sentido tiene la convocatoria, qué se pretende con ella.

Tampoco tengo la menor duda de que los sindicatos convocantes mezclan reivindicaciones sociales con aspiraciones nacionalistas. Con ello pretenden arrastrar a la sociedad a sus proyectos políticos, usando al movimiento obrero como ariete.

En mi opinión, los sindicatos vascos deberían centrarse primero en buscar la mayor unidad sindical posible y luego en plantear reivindicaciones viables, por ejemplo exigiendo a las patronales un suelo salarial que tenga como referencia la recomendación de la Carta Social Europea: el 60% del salario medio.

Esteban Diego.