En los últimos tiempos estamos viviendo una tensa situación en torno al euskera que ha
tenido su punto álgido en la expulsión de CCOO de la korrika.
Desde hace unos años, en las instituciones vascas aumentan las exigencias de euskera en los puestos de trabajo de la administración. Se piden perfiles más altos y se perfilan más plazas, por encima de los índices que obliga la norma. Como consecuencia de las protestas de trabajadores por sentirse discriminados y, en ocasiones, desplazados de sus trabajos, CCOO ha impulsado una serie de demandas contra la imposición abusiva de los perfiles lingüísticos. Estas afectan a una veintena de oposiciones y a algunos contratos públicos que externalizan funciones. También ha impugnado dos normas del Gobierno vasco (Acuerdo de 2023 sobre uso del euskera en la administración y Acuerdo de 2023 sobre uso del euskera en la contratación pública). Con ello, CCOO no pretende agredir el euskera, sino parar lo que entiende como exigencias injustificadas, desproporcionadas y discriminatorias porque restringen el acceso al empleo público.
En este contexto, también surgió “Euskera Denontzat por un Euskera sin barreras” que pretende promover un debate propositivo sobre política lingüística en Euskadi en clave pluralista. Este grupo también ha promovido demandas por razones similares a las de CCOO.
Los jueces han dado la razón en la mayoría de los casos a los demandantes estableciendo una doctrina judicial con varios criterios:
No se puede exigir euskera de forma generalizada sin motivación funcional.
No se puede imponer el euskera como lengua prioritaria. Debe respetarse la cooficialidad del castellano.
No puede haber jerarquía entre lenguas oficiales.
Se deben respetar los criterios de proporcionalidad (el nivel de euskera debe ajustarse al puesto), funcionalidad (solo se puede exigir si es necesario para el trabajo real) e igualdad (no se puede restringir el acceso a los empleos públicos injustificadamente).
Desgraciadamente, la furibunda reacción del mundo nacionalista ha buscado la confrontación frente al dialogo y en varios casos se ha manifestado un talante nada democrático. En 2023 Kontseilua organizó una manifestación contra las sentencias del TSJPV. La Korrika ha expulsado a CCOO en una decisión que rompe con el pluralismo dentro de un evento que pretende ser de todas las personas que quieren impulsar el euskera. Además, este sindicato está sufriendo ataques y pintadas en sus locales por parte de “desconocidos”. Los sindicatos ELA y LAB han calificado las demandas como ataques contra el euskera. La revista Argia ha organizado un montaje para desacreditar a “Euskera Denontzat”, cuando esta entidad pretendía denunciar el hecho de que la totalidad de las 25 plazas de administrativo de una OPE del ayuntamiento de Renteria se perfilaran con PL3 (C1), claramente desproporcionado. Los comités de empresa de la Diputación de Gipuzkoa y del Ayuntamiento de Donostia, con mayoría de ELA y LAB, han llegado a convocar una asamblea para desprestigiar a Sabin Zubiri, miembro de Euskera Denontzat y trabajador de la Diputación, ante sus compañeros de trabajo.
Para el mundo nacionalista el euskera necesita “protección activa” en palabras del lehendakari Pradales. La cooficialidad no se puede entender como un empate neutro porque el euskera parte de una situación de desventaja. Sin embargo, la aplicación de este criterio de manera unilateral y sin tener en cuenta que la mayoría de la población vasca no puede acreditar los perfiles requeridos, crea un conflicto entre euskera y trabajo.
La Ley de Normalización del uso del Euskera de 1982, así como los índices están pensados para garantizar el uso del euskera en la administración, pero manteniendo un equilibrio en el conflicto arriba señalado. Los índices son porcentajes que indican cuántos puestos de trabajo deben ser perfilados teniendo en cuenta los siguientes criterios: porcentaje de población euskaldun, tipo de administración y servicio, funciones del puesto y realidad sociolingüística del entorno. El problema ha surgido cuando se ha abierto una tendencia a perfilar por encima de lo recomendado por los índices, rompiendo los equilibrios y con ello la tranquilidad social que necesita el euskera.
Por otra parte, no está demostrado que la recuperación de una lengua pase por su exigencia en los puestos de trabajo de la administración, sino por su utilización en la calle y esto depende de la voluntad de la ciudadanía. Es llamativo que la mayoría de los euskaldunes se comuniquen en castellano en público y dejen el euskera para el ámbito familiar. A pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho y la ingente cantidad de dinero que se ha gastado y se gasta desde la administración, el euskera no acaba de salir de una situación de diglosia. Intentar imponerlo no hace más que poner en riesgo la convivencia, como ya está ocurriendo.
La clave de bóveda de la democracia es la convivencia, la cual necesita que el estado de derecho funcione. Este garantiza que nadie ni institución, ni entidad, ni persona alguna estén por encima de la ley. Así, se evita la arbitrariedad del poder, sea institucional o sea particular. Toda la ciudadanía puede y debe exigir que se cumpla la ley si considera que ha sido agraviado en sus derechos, luego los jueces decidirán. Pero lo que nunca debería haber ocurrido es que quienes deciden llevar a los tribunales lo que consideran justo sufran el escarnio de ser expulsado de Korrika como han hecho con CCOO o el linchamiento público de “Euskera Denontzat”.
Esteban Diego
