La reforma laboral esta pendiente de un hilo al no aparecer, de momento, suficientes apoyos en el parlamento para que pase de ser un mero real decreto a una ley. El llamado bloque de investidura está dividido, ya que PNV, ERC, BILDU y el BNG no la apoyan.
Sin embargo, la reforma supone un avance neto de los derechos de los trabajadores. Se recupera la ultractividad, devolviendo equilibrio entre las partes en la negociación colectiva; se da prevalencia a los convenios sectoriales en materia salarial frente a los convenios de empresa, dando garantías de unos mínimos salariales a los trabajadores de pequeñas y medianas empresas donde el sindicalismo es débil; el contrato habitual será el fijo, quedando el contrato eventual limitado en sus modalidades y en duración; surge un nuevo contrato fijo de obra y desaparece el contrato eventual por obra y servicio, dando más estabilidad a los trabajadores de la construcción; las subcontratas tendrán que regirse por el convenio sectorial de la actividad ejecutada en la contrata, acabando con el abuso en las empresas multiservicios y los ERTE se convierten en estructurales para evitar el alto nivel de despidos que se producen en épocas de crisis en el mercado laboral español. Se puede decir que esta reforma abre el camino a un buen recorte a la precariedad, casi endémica en el mercado laboral español. En este sentido, es importante recordar que la reforma refuerza la línea de trabajo contra la precariedad que viene desarrollándose desde el gobierno, me refiero a la implantación del IMV, el aumento del SMI, la eliminación del despido por baja y mejoras en el teletrabajo y los riders de plataforma.
La patronal, por su parte, consigue que los costos por despido no se modifiquen, que la Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo y el descuelgue del convenio sigan vigentes cuando la empresa pasa por dificultades. La patronal busca flexibilidad a la hora de gestionar los costos laborales en época de crisis.
Una reforma pactada con los agentes sociales, sindicatos y patronal, tiene más estabilidad. Las partes han encontrado un punto de equilibrio entre intereses contrapuestos. Pero sobre todo, se ha impuesto la concertación frente a la confrontación en un ejercicio de realismo y de democracia entendida ésta como la búsqueda negociada de soluciones, todo lo contrario a lo que ocurrió con la reforma de Rajoy donde los recortes se impusieron unilateralmente.
La reforma ha encontrado el rechazo de la derecha y de la extrema derecha, y como decíamos arriba, también el de PNV, BILDU, ERC y los sindicatos nacionalistas vascos (ELA, LAB, STEE-EILAS, ESK ..). Bildu y ERC demandan aumentar el coste del despido, la gestión autonómica de los ERTEs y prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales y el PNV ha centrado su desacuerdo en la reclamación de los convenios autonómicos y provinciales. En Euskadi, además, los sindicatos nacionalistas han convocado movilizaciones en contra de la reforma. Según ELA todo es un fraude y exige el marco vasco de relaciones laborales.
Es cierto que en anteriores reformas se perdieron derechos que no se recuperan en ésta. Pero el avance con respecto a la situación anterior es tan grande que solo se puede despreciar desde intereses de otro tipo, no desde los intereses de los trabajadores. En caso de que no se apruebe volveremos a la reforma de Rajoy. En mi opinión el sindicalismo nacionalista y BILDU plantean la reforma en términos de todo o nada, o sea plantean un imposible.
Por otra parte, no tengo claro a que se refieren cuando hablan de Marco Vasco de Relaciones Laborales, ¿prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales?, ¿ruptura con el mercado laboral español, exigiendo un poder normativo propio en línea con el soberanismo político?.
Si hablamos de prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales habría que señalar que esa posibilidad, en mucha medida, ya existe. En Euskadi se firman, sobre todo, convenios provinciales y de empresa, ELA y LAB nunca se han inclinado por los convenios autonómicos. A través del Acuerdo interprofesional en relación con la estructura de la negociación colectiva en la CAV de 2017 ha quedado acordada, con algunas limitaciones, dicha prevalencia. Aún con todo, algunos aspectos de la concurrencia entre convenios autonómicos y estatales podrían ser mejorados. Por ejemplo, el punto 4 del art.84 del Estatuto de los Trabajadores, que limita la capacidad de los convenios autonómicos, podría ser eliminado o modificado. Algo de esto suena cuando desde el gobierno se propone dejar esta discusión para una futura reforma del Estatuto de los Trabajadores. CCOO y UGT también han expresado su acuerdo con estas modificaciones. La patronal, a mi entender, se mueve de forma contradictoria. Por una parte, no quiere modificar la ley porque, según ellos, se rompería la unidad del mercado de trabajo, pero, por otro lado, firman acuerdos interprofesionales que dan prevalencia a los convenios territoriales. En cualquier caso, insisto en que la legislación actual ya permite un desarrollo de los convenios autonómicos y provinciales.
Si hablamos de crear un mercado laboral propio, desgajado del mercado español, estamos hablando de las aspiraciones, ilusiones y deseos de los movimientos nacionalistas, legítimas, pero muy alejadas de la realidad.
Esta cuestión del Marco Vasco de Relaciones Laborales se está usando como ariete contra la reforma cuando saben de antemano que es llevarla a un callejón sin salida.
En resumen, no encuentro argumentos de suficiente calado en las posiciones de los partidos y sindicatos nacionalistas para justificar el rechazo a la reforma propuesta por el gobierno, por lo tanto, entiendo que las verdaderas razones hay que buscarlas en otros terrenos. Intereses partidistas como vender caro su apoyo a cambio de otras cuestiones, o provocar un cierto desgaste de figuras destacadas en la elaboración de la reforma como Yolanda Díaz. En el caso de ELA las razones del rechazo se encuentran en su estrategia soberanista que le lleva a la confrontación con todo lo que no potencia dicha estrategia.
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