OTEGI QUIERE GOBERNAR

 

 El pasado mes de enero Bildu celebró su Asamblea General. Otegi, coordinador general de la coalición, aprovechó la ocasión para hacer un discurso con dos perfiles. Por una parte, exhibió una argumentación de corte nacionalista destinada a los seguidores más acólitos: recuperar la estatalidad vasca pérdida hace 500 años, derecho a decidir la integración de los territorios vascos y navarros y la definición de Euskalherria como una nación que integra los siete territorios históricos. De otro lado, situó a su grupo en la izquierda de la sociedad vasca y manifestó su intención de  desplazar al PNV del Gobierno Vasco, reconociendo, para ello, la necesidad de asumir algunas contradicciones.

Con respecto a los argumentos nacionalistas de su discurso, me gustaría señalar lo siguiente:

1) Habló de recobrar la estatalidad perdida hace 500 años, cuando el reino de navarra fue conquistado por Castilla. Supone Otegi que hace 500 años existía un estado vasco que fue destruido por nuestros eternos enemigos. Nada más lejos de la realidad,  hace 500 años existía un reino medieval constituido por una élite aristocrática sin ninguna pretensión nacional, entre otras cosas, porque la idea de nación no existía tal y como se entiende desde el siglo XIX. El sentido del reino de Navarra, al igual que el de Aragón o Castilla, era ejercer el dominio aristocrático sobre su territorio y si fuera posible expandirlo, a costa de quien fuera, bien con el uso de la fuerza, bien con matrimonios de conveniencia o bien con herencias. Interpretar al Reino de Navarra como el origen de un estado vasco usurpado no es más que una manipulación de la historia para beneficio de una ideología, la nacionalista vasca.

2) Otegi también exigió que "se garantice y respete el derecho de los territorios vascos y navarros a decidir libremente que relación quieren mantener entre ellos". No sé qué quiso reivindicar. Lo que sí sab​emos todos es lo que dice la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución española de 1978:

1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el Art. 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos.

2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Órgano Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el Art. 143.

 En pocas palabras, si Navarra no forma parte de comunidad autónoma vasca es porque los navarros y las navarras no quieren. Los diferentes gobiernos forales, según reza en la constitución, han tenido la oportunidad de hacer valer la disposición transitoria  4ª y no han querido, ni los gobiernos de UPN, ni los del PSOE, ni el de Geroa bai.

3) Otegi afirma que somos una nación que abarca los siete territorios históricos ¿Pero, realmente, somos una nación?. Es evidente que los siete territorios tienen lazos culturales, el euskera, que nos permiten identificarnos con un sentimiento vasco. Pero este sentimiento no nos convierte en una nación política. La idea de nación siempre ha sido un concepto difícil de precisar, pero desde una concepción democrática hay un requisito imprescindible, que la población concernida quiera constituir una nación. Los ciudadanos de Iparralde se consideran, muy mayoritariamente, franceses; en Navarra el navarrismo foral vinculado a España es el sentimiento dominante y en Euskadi, aunque el nacionalismo tiene más apoyos que en ningún otro sitio, el independentismo cuenta, como mucho, con un 30% de seguidores. Si algo caracteriza a la sociedad vasca es su pluralidad con respecto a los sentimientos de pertenencia nacional. Sin embargo, hay que reconocer que existe un poderoso movimiento nacionalista, especialmente en Euskadi, que aspira a construir la nación vasca. Pero a mi entender, su existencia no implica que exista la nación. Creo que confunden la parte, el movimiento nacionalista y sus aspiraciones, con el todo, la sociedad vasca y su radical pluralidad.

La otra parte del discurso de Otegi se centró en los objetivos de la coalición en el medio plazo: Gobernar en Euskadi desde una perspectiva de izquierdas, aunque ello implique asumir algunas contradicciones. Es innegable que Bildu ha consolidado un espacio electoral que le es fiel. El gran problema de la izquierda abertzale es como convertir esa fuerza electoral en hechos. Solo hay un camino: alcanzar el poder institucional. 

Pero para ello Bildu necesita la alianza de las otras fuerzas de izquierdas, PSOE y Podemos, y aparecer ante la sociedad como una organización moderada y sensata que se centra en los problemas de los ciudadanos y no en veleidades radicales y desnortadas. De hecho, Bildu ya lleva un tiempo en esa dirección, los apoyos a los presupuestos del Gobierno Vasco, al Gobierno de Navarra y al Gobierno central son la mejor muestra de ello. Pero una cosa es llegar a acuerdos puntuales y otra, bien diferente, es conseguir aliados para gobernar. Esto último exige una trasformación a fondo que afectaría a dos cuestiones que hasta hoy han sido centrales para el mundo de la izquierda abertzale: ETA y el nacionalismo radical y excluyente.

 La reconciliación en la sociedad vasca pasa por reconocer los derechos de las víctimas de terrorismo (memoria, justicia, verdad y reparación) y esto implica que cada cual asuma la parte de responsabilidad que le corresponde. La izquierda abertzale justificó el terrorismo de ETA y contribuyó a la fanatización de una parte de la sociedad vasca, creando el caldo de cultivo del que se alimentó el terrorismo. No es suficiente con decir "nunca debió ocurrir", deben rechazar sin ambages lo que ETA representó. Sin deshacerse de ETA es imposible que llegue a acuerdos de envergadura, como los que necesitaría para gobernar, con otras fuerzas políticas.

Por otra parte, para llegar a las mayorías la izquierda abertzale tiene que situarse en la centralidad de la sociedad vasca. Ésta  no busca el socialismo ni la independencia, como mucho aspira a tener más autogobierno dentro de España. Pero sobre todo, gobernar en la sociedad vasca supone reconocer su pluralidad, reconocer que lo español también forma parte de nuestra realidad, que es tan vasco como lo euskaldun. 

No creo que Bildu sea capaz de llevar a cabo estos cambios en poco tiempo. Por eso, la pretensión de Otegi de gobernar en Euskadi se me antoja bastante lejana.

CRISIS EN EL PP

 

El aplomo con que Isabel Díaz Ayuso reconoce que su hermano hizo negocios, en medio de la pandemia, con la administración que ella preside evidencia la impunidad con la que actúa.

No sería de extrañar que la presidenta de Madrid salga ilesa de esta entente porque seguramente la operación fue legal y la fiscalía tenga poco que hacer. Sin embargo, no cabe duda de que hay una clara falta de ética en el uso del cargo público para el enriquecimiento personal o de allegados. También es bastante probable que la moral del votante medio del PP en Madrid no tenga problemas con los "deslices" de su lideresa, considerada adalid de la libertad. Además, parece que nadie le reprochará nada en su partido, donde se ha visto respaldada por los barones más influyentes frente a Pablo Casado. Más aún, la defenestración de éste por su torpeza dirigiendo la oposición y el partido ha dejado el campo libre para que Isabel alcance la presidencia del PP en Madrid, con la concentración de poder que ello implica.

Pero lo que resulta desconcertante y deprimente es que ocurra en un partido que ha tenido y tiene muy serios problemas con la corrupción, hasta el punto que su último presidente de Gobierno perdió el puesto gracias a una moción de censura por su supuesta participación en prácticas corruptas, "M. Rajoy". Y que ocurra en una comunidad que ha sufrido la corrupción del PP en varias ocasiones desde que Esperanza Aguirre asumió la presidencia de la comunidad y del partido. 

La corrupción es una de las razones que explican el profundo descrédito que sufre la clase política en particular y la democracia en general, y por ende, es, también, una de las razones que explican el auge de los populismos. El crecimiento de Vox no es ajeno al desprestigio del sistema político. Sin embargo, hay que reconocer que el PP madrileño ha capeado la crisis de credibilidad con éxito. Más allá de errores ajenos, un discurso basado en la libertad frente a las restricciones de la pandemia y en la exaltación de los ticks tradicionales de la derecha, en un estilo netamente populista, sirvieron para neutralizar a Vox, ganar las elecciones y fortalecer la figura de Isabel Díaz Ayuso en el mundo de derechas.

Pero, como se ha demostrado en las últimas elecciones de Castilla y León y en las encuestas publicadas los últimos días, Vox sigue avanzando entre el electorado conservador a costa del PP y Ciudadanos. Y en el PP están divididos a la hora de intentar evitar que la extrema derecha les desgaste. Los más moderados no son partidarios de dejar que Vox forme parte de los gobiernos encabezados por ellos. No es el caso de Isabel que abiertamente apuesta por intensificar las relaciones con  Vox, incluso formar gobiernos de coalición con ellos. Son conocidas sus proclamas contra la Ley LGTBI, su patrioterismo confundiendo España con Madrid y su feminismo que niega la violencia de género o la discriminación de la mujer. Diferentes medios la han calificado de Trumpista y reaccionaria. Además, su gestión de gobierno se está caracterizando por el tono autoritario y el desprecio a la oposición, típico de la extrema derecha. Para muestra un botón, la ley Ómnibus con la que pretende cambiar o derogar más de 33 normas legislativas y 7 decretos, dando a penas diez días, en plenas navidades, para alegaciones. Esta ley afecta a materias muy sensibles como la sanidad, el suelo o la Cámara de cuentas. Cabe destacar que se pretende evitar cualquier fiscalización de la acción de gobierno. Por ejemplo, se crea una Agencia de Contratación Sanitaria sin control parlamentario o se modifica el método de elección de la cámara de cuentas, dándole al gobierno la posibilidad de bloqueo.

Parece que Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del PP. Todo lo que he leído sobre él, basándose en su papel de presidente de la comunidad gallega, habla de un político moderado y liberal que busca el centro de la sociedad. Sin embargo, esta imagen se contradice con el respaldo que le ha dado a Isabel Díaz Ayuso. ¿No estaremos ante una pacto de reparto de poderes? ¿Feijóo gobierna en España y Díaz Ayuso con el aguirrismo en Madrid?. El problema es que el peso de Madrid sobre el conjunto nacional, en un partido como el PP, es mucho más que el de una mera comunidad próspera. Igual es pronto para ver que consecuencias traerá esta victoria de Díaz Ayuso, pero no espero nada bueno. Me temo que su estrategia de acercarse a la estrema de derecha se consolidará.

REFORMA LABORAL 2021

 

La reforma laboral esta pendiente de un hilo al no aparecer, de momento, suficientes apoyos en el parlamento para que pase de ser un mero real decreto a una ley. El llamado bloque de investidura está dividido, ya que PNV, ERC,  BILDU y el BNG no la apoyan. 

Sin embargo, la reforma supone un avance neto de los derechos de los trabajadores. Se recupera la ultractividad, devolviendo equilibrio entre las partes en la negociación colectiva; se da prevalencia a los convenios sectoriales en materia salarial frente a los convenios de empresa, dando garantías de unos mínimos salariales a los trabajadores de pequeñas y medianas empresas donde el sindicalismo es débil; el contrato habitual será el fijo, quedando el contrato eventual limitado en sus modalidades y en duración; surge un nuevo contrato fijo de obra y desaparece el contrato eventual por obra y servicio, dando más estabilidad a los trabajadores de la construcción;  las subcontratas tendrán que regirse por el convenio sectorial de la actividad ejecutada en la contrata, acabando con el abuso en las empresas multiservicios y los ERTE se convierten en estructurales para evitar el alto nivel de despidos que se producen en épocas de crisis en el mercado laboral español. Se puede decir que esta reforma abre el camino a un buen recorte a la precariedad, casi endémica en el mercado laboral español. En este sentido, es importante recordar que la reforma refuerza la línea de trabajo contra la precariedad que viene desarrollándose desde el gobierno, me refiero a la implantación del IMV, el aumento del SMI, la eliminación del despido por baja y mejoras en el teletrabajo y los riders de plataforma.

La patronal, por su parte, consigue que los costos por despido no se modifiquen, que la Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo y el descuelgue del convenio sigan vigentes cuando la empresa pasa por dificultades. La patronal busca flexibilidad a la hora de gestionar los costos laborales en época de crisis.

 Una reforma pactada con los agentes sociales, sindicatos y patronal, tiene más estabilidad. Las partes han encontrado un punto de equilibrio entre intereses contrapuestos. Pero sobre todo, se ha impuesto la concertación frente a la confrontación en un ejercicio de realismo y de democracia entendida ésta como la búsqueda negociada de soluciones, todo lo contrario a lo que ocurrió con la reforma de Rajoy donde los recortes se impusieron unilateralmente. 

La reforma ha encontrado el rechazo de la derecha y de la extrema derecha, y como decíamos arriba, también el de PNV, BILDU, ERC y los sindicatos nacionalistas vascos (ELA, LAB, STEE-EILAS, ESK ..). Bildu y ERC demandan aumentar el coste del despido, la gestión autonómica de los ERTEs y prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales y el PNV ha centrado su desacuerdo en la reclamación de los convenios autonómicos y provinciales. En Euskadi, además, los sindicatos nacionalistas han convocado movilizaciones en contra de la reforma. Según ELA todo es un fraude y exige el marco vasco de relaciones laborales.

Es cierto que en anteriores reformas se perdieron derechos que no se recuperan en ésta. Pero el avance con respecto a la situación anterior es tan grande que solo se puede despreciar desde intereses de otro tipo, no desde los intereses de los trabajadores. En caso de que no se apruebe volveremos a la reforma de Rajoy. En mi opinión el sindicalismo nacionalista y BILDU plantean la reforma en términos de todo o nada, o sea plantean un imposible. 

Por otra parte, no tengo claro a que se refieren cuando hablan de Marco Vasco de Relaciones Laborales, ¿prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales?, ¿ruptura con el mercado laboral español, exigiendo un poder normativo propio en línea con el soberanismo político?.

 Si hablamos de prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales habría que señalar que esa posibilidad, en mucha medida, ya existe. En Euskadi se firman, sobre todo, convenios provinciales y de empresa, ELA y LAB nunca se han inclinado por los convenios autonómicos. A través del Acuerdo interprofesional en relación con la estructura de la negociación colectiva en la CAV de 2017 ha quedado acordada, con algunas limitaciones, dicha prevalencia. Aún con todo, algunos aspectos de la concurrencia entre convenios autonómicos y estatales podrían ser mejorados. Por ejemplo, el punto 4 del art.84 del Estatuto de los Trabajadores, que limita la capacidad de los convenios autonómicos, podría ser eliminado o modificado. Algo de esto suena cuando desde el gobierno se propone dejar esta discusión para una futura reforma del Estatuto de los Trabajadores. CCOO y UGT también han expresado su acuerdo con estas modificaciones. La patronal, a mi entender, se mueve de forma contradictoria. Por una parte, no quiere modificar la ley porque, según ellos, se rompería la unidad del mercado de trabajo, pero, por otro lado, firman acuerdos interprofesionales que dan prevalencia a los convenios territoriales. En cualquier caso, insisto en que la legislación actual ya permite un desarrollo de los convenios autonómicos y provinciales. 

Si hablamos de crear un mercado laboral propio, desgajado del mercado español, estamos hablando de las aspiraciones, ilusiones y deseos de los movimientos nacionalistas, legítimas, pero muy alejadas de la realidad. 

Esta cuestión del Marco Vasco de Relaciones Laborales se está usando como ariete contra la reforma cuando saben de antemano que es llevarla a un callejón sin salida. 

En resumen, no encuentro argumentos de suficiente calado en las posiciones de los partidos y sindicatos nacionalistas para justificar el rechazo a la reforma propuesta por el gobierno, por lo tanto, entiendo que las verdaderas razones hay que buscarlas en otros terrenos.  Intereses partidistas como vender caro su apoyo a cambio de otras cuestiones, o provocar un cierto desgaste de figuras destacadas en la elaboración de la reforma como Yolanda Díaz. En el caso de ELA las razones del rechazo se encuentran en su estrategia soberanista que le lleva a la confrontación con todo lo que no potencia dicha estrategia.