CRISIS EN EL PP

 

El aplomo con que Isabel Díaz Ayuso reconoce que su hermano hizo negocios, en medio de la pandemia, con la administración que ella preside evidencia la impunidad con la que actúa.

No sería de extrañar que la presidenta de Madrid salga ilesa de esta entente porque seguramente la operación fue legal y la fiscalía tenga poco que hacer. Sin embargo, no cabe duda de que hay una clara falta de ética en el uso del cargo público para el enriquecimiento personal o de allegados. También es bastante probable que la moral del votante medio del PP en Madrid no tenga problemas con los "deslices" de su lideresa, considerada adalid de la libertad. Además, parece que nadie le reprochará nada en su partido, donde se ha visto respaldada por los barones más influyentes frente a Pablo Casado. Más aún, la defenestración de éste por su torpeza dirigiendo la oposición y el partido ha dejado el campo libre para que Isabel alcance la presidencia del PP en Madrid, con la concentración de poder que ello implica.

Pero lo que resulta desconcertante y deprimente es que ocurra en un partido que ha tenido y tiene muy serios problemas con la corrupción, hasta el punto que su último presidente de Gobierno perdió el puesto gracias a una moción de censura por su supuesta participación en prácticas corruptas, "M. Rajoy". Y que ocurra en una comunidad que ha sufrido la corrupción del PP en varias ocasiones desde que Esperanza Aguirre asumió la presidencia de la comunidad y del partido. 

La corrupción es una de las razones que explican el profundo descrédito que sufre la clase política en particular y la democracia en general, y por ende, es, también, una de las razones que explican el auge de los populismos. El crecimiento de Vox no es ajeno al desprestigio del sistema político. Sin embargo, hay que reconocer que el PP madrileño ha capeado la crisis de credibilidad con éxito. Más allá de errores ajenos, un discurso basado en la libertad frente a las restricciones de la pandemia y en la exaltación de los ticks tradicionales de la derecha, en un estilo netamente populista, sirvieron para neutralizar a Vox, ganar las elecciones y fortalecer la figura de Isabel Díaz Ayuso en el mundo de derechas.

Pero, como se ha demostrado en las últimas elecciones de Castilla y León y en las encuestas publicadas los últimos días, Vox sigue avanzando entre el electorado conservador a costa del PP y Ciudadanos. Y en el PP están divididos a la hora de intentar evitar que la extrema derecha les desgaste. Los más moderados no son partidarios de dejar que Vox forme parte de los gobiernos encabezados por ellos. No es el caso de Isabel que abiertamente apuesta por intensificar las relaciones con  Vox, incluso formar gobiernos de coalición con ellos. Son conocidas sus proclamas contra la Ley LGTBI, su patrioterismo confundiendo España con Madrid y su feminismo que niega la violencia de género o la discriminación de la mujer. Diferentes medios la han calificado de Trumpista y reaccionaria. Además, su gestión de gobierno se está caracterizando por el tono autoritario y el desprecio a la oposición, típico de la extrema derecha. Para muestra un botón, la ley Ómnibus con la que pretende cambiar o derogar más de 33 normas legislativas y 7 decretos, dando a penas diez días, en plenas navidades, para alegaciones. Esta ley afecta a materias muy sensibles como la sanidad, el suelo o la Cámara de cuentas. Cabe destacar que se pretende evitar cualquier fiscalización de la acción de gobierno. Por ejemplo, se crea una Agencia de Contratación Sanitaria sin control parlamentario o se modifica el método de elección de la cámara de cuentas, dándole al gobierno la posibilidad de bloqueo.

Parece que Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del PP. Todo lo que he leído sobre él, basándose en su papel de presidente de la comunidad gallega, habla de un político moderado y liberal que busca el centro de la sociedad. Sin embargo, esta imagen se contradice con el respaldo que le ha dado a Isabel Díaz Ayuso. ¿No estaremos ante una pacto de reparto de poderes? ¿Feijóo gobierna en España y Díaz Ayuso con el aguirrismo en Madrid?. El problema es que el peso de Madrid sobre el conjunto nacional, en un partido como el PP, es mucho más que el de una mera comunidad próspera. Igual es pronto para ver que consecuencias traerá esta victoria de Díaz Ayuso, pero no espero nada bueno. Me temo que su estrategia de acercarse a la estrema de derecha se consolidará.

REFORMA LABORAL 2021

 

La reforma laboral esta pendiente de un hilo al no aparecer, de momento, suficientes apoyos en el parlamento para que pase de ser un mero real decreto a una ley. El llamado bloque de investidura está dividido, ya que PNV, ERC,  BILDU y el BNG no la apoyan. 

Sin embargo, la reforma supone un avance neto de los derechos de los trabajadores. Se recupera la ultractividad, devolviendo equilibrio entre las partes en la negociación colectiva; se da prevalencia a los convenios sectoriales en materia salarial frente a los convenios de empresa, dando garantías de unos mínimos salariales a los trabajadores de pequeñas y medianas empresas donde el sindicalismo es débil; el contrato habitual será el fijo, quedando el contrato eventual limitado en sus modalidades y en duración; surge un nuevo contrato fijo de obra y desaparece el contrato eventual por obra y servicio, dando más estabilidad a los trabajadores de la construcción;  las subcontratas tendrán que regirse por el convenio sectorial de la actividad ejecutada en la contrata, acabando con el abuso en las empresas multiservicios y los ERTE se convierten en estructurales para evitar el alto nivel de despidos que se producen en épocas de crisis en el mercado laboral español. Se puede decir que esta reforma abre el camino a un buen recorte a la precariedad, casi endémica en el mercado laboral español. En este sentido, es importante recordar que la reforma refuerza la línea de trabajo contra la precariedad que viene desarrollándose desde el gobierno, me refiero a la implantación del IMV, el aumento del SMI, la eliminación del despido por baja y mejoras en el teletrabajo y los riders de plataforma.

La patronal, por su parte, consigue que los costos por despido no se modifiquen, que la Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo y el descuelgue del convenio sigan vigentes cuando la empresa pasa por dificultades. La patronal busca flexibilidad a la hora de gestionar los costos laborales en época de crisis.

 Una reforma pactada con los agentes sociales, sindicatos y patronal, tiene más estabilidad. Las partes han encontrado un punto de equilibrio entre intereses contrapuestos. Pero sobre todo, se ha impuesto la concertación frente a la confrontación en un ejercicio de realismo y de democracia entendida ésta como la búsqueda negociada de soluciones, todo lo contrario a lo que ocurrió con la reforma de Rajoy donde los recortes se impusieron unilateralmente. 

La reforma ha encontrado el rechazo de la derecha y de la extrema derecha, y como decíamos arriba, también el de PNV, BILDU, ERC y los sindicatos nacionalistas vascos (ELA, LAB, STEE-EILAS, ESK ..). Bildu y ERC demandan aumentar el coste del despido, la gestión autonómica de los ERTEs y prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales y el PNV ha centrado su desacuerdo en la reclamación de los convenios autonómicos y provinciales. En Euskadi, además, los sindicatos nacionalistas han convocado movilizaciones en contra de la reforma. Según ELA todo es un fraude y exige el marco vasco de relaciones laborales.

Es cierto que en anteriores reformas se perdieron derechos que no se recuperan en ésta. Pero el avance con respecto a la situación anterior es tan grande que solo se puede despreciar desde intereses de otro tipo, no desde los intereses de los trabajadores. En caso de que no se apruebe volveremos a la reforma de Rajoy. En mi opinión el sindicalismo nacionalista y BILDU plantean la reforma en términos de todo o nada, o sea plantean un imposible. 

Por otra parte, no tengo claro a que se refieren cuando hablan de Marco Vasco de Relaciones Laborales, ¿prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales?, ¿ruptura con el mercado laboral español, exigiendo un poder normativo propio en línea con el soberanismo político?.

 Si hablamos de prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales habría que señalar que esa posibilidad, en mucha medida, ya existe. En Euskadi se firman, sobre todo, convenios provinciales y de empresa, ELA y LAB nunca se han inclinado por los convenios autonómicos. A través del Acuerdo interprofesional en relación con la estructura de la negociación colectiva en la CAV de 2017 ha quedado acordada, con algunas limitaciones, dicha prevalencia. Aún con todo, algunos aspectos de la concurrencia entre convenios autonómicos y estatales podrían ser mejorados. Por ejemplo, el punto 4 del art.84 del Estatuto de los Trabajadores, que limita la capacidad de los convenios autonómicos, podría ser eliminado o modificado. Algo de esto suena cuando desde el gobierno se propone dejar esta discusión para una futura reforma del Estatuto de los Trabajadores. CCOO y UGT también han expresado su acuerdo con estas modificaciones. La patronal, a mi entender, se mueve de forma contradictoria. Por una parte, no quiere modificar la ley porque, según ellos, se rompería la unidad del mercado de trabajo, pero, por otro lado, firman acuerdos interprofesionales que dan prevalencia a los convenios territoriales. En cualquier caso, insisto en que la legislación actual ya permite un desarrollo de los convenios autonómicos y provinciales. 

Si hablamos de crear un mercado laboral propio, desgajado del mercado español, estamos hablando de las aspiraciones, ilusiones y deseos de los movimientos nacionalistas, legítimas, pero muy alejadas de la realidad. 

Esta cuestión del Marco Vasco de Relaciones Laborales se está usando como ariete contra la reforma cuando saben de antemano que es llevarla a un callejón sin salida. 

En resumen, no encuentro argumentos de suficiente calado en las posiciones de los partidos y sindicatos nacionalistas para justificar el rechazo a la reforma propuesta por el gobierno, por lo tanto, entiendo que las verdaderas razones hay que buscarlas en otros terrenos.  Intereses partidistas como vender caro su apoyo a cambio de otras cuestiones, o provocar un cierto desgaste de figuras destacadas en la elaboración de la reforma como Yolanda Díaz. En el caso de ELA las razones del rechazo se encuentran en su estrategia soberanista que le lleva a la confrontación con todo lo que no potencia dicha estrategia. 

DÍA 30 HUELGA GENERAL

No es la izquierda, es el nacionalismo radical.

En los tiempos que corren encontrar argumentos para convocar una huelga general no es tarea difícil: pensionistas, trabajadores en precario, parados, perceptores de RGI … o más fácil todavía, solo hay que exigir más de lo que el gobierno ofrece. El milagro de las palabras. Ya tenemos legitimada una Huelga General para consumo de la parroquia. Mucho más complicado resulta que dicha huelga general represente el sentir de la sociedad y muchísimo más complicado que sirva para conseguir lo que dice pretender.

La convocatoria del 30 de enero, realizada desde el ámbito del nacionalismo radical, está cargada de contradicciones que la invalidan como un instrumento para la mejora social:

1) Divide al movimiento de pensionistas, muy dinámico en Euskadi, que hasta hoy esta siendo una punta de lanza en la defensa del sistema de pensiones público. Nunca han aceptado un movimiento de pensionistas plural y con protagonismo, que no controlan. Su lógica, como lo han hecho con otros movimientos sociales, les lleva a hacer pasar por el ojo de la aguja nacionalista a las reivindicaciones del movimiento. Y si para eso tienen que dividirlo.. pues lo hacen.

2) Divide al movimiento sindical. CCOO y UGT no comparten la convocatoria en cuanto que entienden que no es el momento para realizar una huelga general. Más aún, denuncian el carácter excluyente de las reivindicaciones que se plantean. Están basadas en el programa (marco vasco de relacciones laborales, seguridad social propia, 1080€ etc ) de una parte del sindicalismo, vestido de única solución a los problemas sociales..

3)  Por la división que genera y por los limites geográficos de la convocatoria, esta movilización no tiene capacidad de presión sobre los poderes políticos, económicos y sociales.

4) Se hace contra un gobierno progresista (Psoe-Podemos) comprometido con el mantenimiento de las pensiones y la mejora de las condiciones de la gente trabajadora. Paradójicamente, la investidura del presidente de dicho gobierno ha contado con el apoyo de Bildu, uno de los convocantes de la huelga, en forma de abstención.

5) Pero se hace, sobre todo, contra el gobierno vasco que acaba de aumentar el gasto social, de la mano del acuerdo presupuestario con Podemos.  Continuando con las paradojas. ¿Cómo se entiende que Bildu denuncie abiertamente el acuerdo del gobierno vasco, considerandolo insuficiente, y a la vez apoye el presupuesto navarro que no es mejor?. Además, se le exigen cosas para las que no tiene competencias.

En mi opinión, las razones de la huelga hay que encontrarlas en los problemas y necesidades del nacionalismo radical.

Se acercan las elecciones autonómicas y Bildu necesita destacar en un momento en el que la iniciativa política la tienen otros. La posibilidad de que se cree un frente soberanista de cara a la reforma del estatuto, su jugada estrella en 2018, se ha desvanecido. El PNV, de momento, prefiere otra vía más pragmática. Por otra parte, Podemos, un competidor en el terreno social, ha ganado presencia mediática apareciendo ante la sociedad vasca como una fuerza útil que puede influir en la política del Gobierno vasco ( acuerdo PNV-PSOE-PODEMOS para los presupuestos) y en el de Madrid (Gobierno PSOE-PODEMOS). Bildu puede ver en la H.G. una forma de mantener las filas electorales prietas, marcando diferencias con las demás fuerzas políticas, además de intentar pescar votos en caladeros ajenos.

ELA, sin embargo, no tiene necesidades electorales, obstenta el 41% de la representación sindical en Euskadi. Pero ELA lleva años queriendo ser una fuerza determinante en el mundo nacionalista y por ende en la sociedad vasca, aspirando a influir más allá del ámbito sindical. Partidaria de estrategias soberanistas, la organización sindical ve en la transversalidad de Urkullu un freno a la construcción nacional. Por otra parte, ofrece un perfil de confrontación frente al avance del “capitalismo salvaje” que le ha llevado a no participar en la Mesa de Dialogo Social, el CRL, el CES o en LANBIDE, aunque no tiene problemas a la hora de firmar planes de pensiones privados para los funcionarios de la administración vasca. Otra característica del sindicalismo de ELA es el intento de excluir al sindicalismo no nacionalista tratando de desprestigiar su línea sindical, especialmente cuando éste negocia con la administración y las patronales, y desmarcándose de todas las movilizaciones que se convocan a nivel estatal considerándolas ajenas a la clase trabajadora vasca. Sin embargo, su modelo sindical no puede ofrecer grandes logros. A pesar de ser un sindicato muy potente en Euskadi, su influencia en las políticas socio-económicas que afectan al país esta por debajo de sus expectativas.

La pseudo huelga general que convocan Ela, Lab y Bildu, como contamos en los primeros párrafos, no sirve para conseguir lo que dicen pretender, pero les viene bien para sacar pecho, reafirmándose ante su gente, además de dividir a los movimientos sociales (sindicalismo, pensionistas) entre nacionalistas y no nacionalistas en coherencia con su visión excluyente del país.

HABEMUS PAPAM

Por fin Pedro Sánchez ha conseguido ser investido presidente del gobierno de España. Después de un proceso azaroso, que se inició con la moción de censura a Rajoy y ha supuesto dos elecciones al parlamento en el mismo año, Pedro Sánchez ha sido capaz de consensuar con toda una constelación de pequeños y medianos partidos su nombramiento a presidente.

El tortuoso camino recorrido ha conocido las contradictorias relaciones entre PSOE y Podemos, el hundimiento de Ciudadanos, la eclosión de la ultraderecha, la caída y cierta recuperación del PP, la división en el soberanismo catalán, un relativo avance del nacionalismo vasco y el surgimiento de fuertes sentimientos de agravio por el abandono del mundo rural. Todo ello en un contexto muy voluble donde la identificación de la ciudadanía con los diferentes proyectos políticos varía de un día para otro.

La investidura ha sido consecuencia, sobre todo, de dos grandes acuerdos, el habido entre PSOE y Podemos, de marcado carácter social, y los compromisos adquiridos por Pedro Sanchez con ERC de cara a tratar el lio catalán en términos políticos. Se está buscando una gobernación progresista, que ayude a las personas perjudicadas por la crisis económica y refuerce el estado de bienestar. Por otra parte, el futuro nuevo gobierno se compromete a atender las demandas nacionalistas de ERC, siempre y cuando no se sobrepasen los límites constitucionales. Pero el encaje de bolillos de la investidura ha implicado otros pactos menores entre los que cabe destacar el llevado a cabo con el PNV, quien además de completar el estatuto vasco se permite pactar competencias para Navarra y negociar “modificaciones legales para reconocer las identidades nacionales” sin especificar a qué se refieren.

Pedro Sánchez ha configurado el único gobierno posible, después de que la derecha le negara el pan y el agua, especialmente Ciudadanos, y con ello ha evitado que se repitan las elecciones por tercera vez con resultados inciertos.

Para una persona de izquierdas siempre es esperanzador la formación de un gobierno progresista. Pero sin embargo, en esta ocasión no puedo ocultar mi escepticismo. Hay quien saluda al nuevo gobierno convencido de que estamos ante un nuevo contrato social del pelo del que dio lugar al estado del bienestar en el siglo XX. Se equivoca. Estamos ante un pacto de gobierno para cuatro años sobre cuya estabilidad se levantan muchas sombras.

En primer lugar, la derecha no solo no forma parte del acuerdo sino que lo intenta tumbar, siendo muy beligerante tanto con sus contenidos sociales, según ellos arruinan el país, como con la negociación con los nacionalismos periféricos, que según ellos también, rompen España. Prometen una oposición netamente destructiva. Posiblemente su arma mas letal no va a estar en el parlamento sino en los juzgados. Un artículo de Ignacio Escolar “Lawfare contra el nuevo gobierno” publicado el 30/12/2019 en diario.es lo expone, creo que con acierto.

En segundo lugar, buena parte de lo acordado en el “Pacto del polvorón” (Psoe-Podemos) depende de las posibilidades que ofrezca la economía. Emilio Ontiveros en su artículo “Riesgos limitados” El País 31/12/2019 recuerda, entre otras cosas, que las promesas económicas quedan subordinadas, en el propio acuerdo, a dos capítulos más vinculantes: “consolidar el crecimiento y la creación de empleo” y “la justicia social y el equilibrio presupuestario”, donde los propios enunciados marcan las prioridades. Ademas Ontiveros advierte de la importancia de la pertenencia a la unión monetaria y a sus reglas. Después de los peores años de la crisis, dicha pertenencia ha permitido que la deuda pública española se financie con una prima de riesgos baja y que el flujo de inversión extranjera directa no haya dejado de crecer. Estoy convencido de que estas premisas no van a ser incumplidas. El problema es que entramos en una fase de desaceleración económica, que afecta a la industria, como consecuencia del enfriamiento en la eurozona y que limitará las posibilidades del gasto público.

En tercer lugar, el gobierno es consecuencia de un complejo acuerdo a varias bandas que debe reeditarse cada vez que sea necesaria una mayoría para sacar adelante leyes como las presupuestarias. Lo que quiere decir que la estabilidad del gobierno va estar sometida a varios tipos de turbulencias. El conflicto catalán puede ser el principal quebradero de cabeza del nuevo gobierno si no se encuentra una pista de aterrizaje para el nacionalismo. Pero también Podemos puede verse tentado a romper sus acuerdos si los objetivos sociales que ha pactado no alcanzan los niveles esperados, cundiendo el desencanto entre sus votantes. La perspectiva de retroceso electoral puede hacer cambiar de opinión a Pablo Iglesias y los suyos.

Las últimas reflexiones van dirigidas a las peticiones nacionalistas. Su cumplimiento constituye una de las claves de la próxima legislatura. Comparto la idea de que es mejor negociar, hablar, usar la política para solucionar cualquier problema en la convivencia. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que son las regiones más ricas las que demandan más poder. Entiendo que los movimientos nacionalistas y sus demandas son legítimos. Como entiendo que su propia existencia es la mejor manifestación del caracter plural de España. Pero sus demandas no son un derecho, aunque ellos pretendan conectarlas con fueros y constituciones de otras épocas dándoles el rango de derechos históricos. Aquellos fueros lo fueron en epócas no democráticas y no pueden inspirar a un estado moderno que entre otras cosas debe guiarse por la solidaridad. Por eso, me sorprende el entusiasmo de parte de la izquierda. Que hay de progresista en el hecho de que en Euskadi tengamos los mejores servicios sociales del sur de Europa si en Extremadura los ciudadanos no tienen acceso al tren?. Somos capaces de solidarizarnos, justamente, con los países del tercer mundo, pero somos incapaces de repartir con las regiones más pobres del País en el que vivimos.

Por otra parte, no sé que se esconde detrás de la frase “modificaciones legales para reconocer las identidades nacionales”, pero si sé que las cuotas de poder que caen en manos de los nacionalismos son usadas en clave de construcción nacional, uniformizando a sociedades plurales y complejas como la vasca y la catalana. Joseba Arregi observa con preocupación los acuerdos de gobierno y señala (“Miedo a la complejidad” El Correo 04/01/2020) “….. los vascos van a conseguir, más allá de las competencias debidas …………. reducir las complejas identidades vascas a una simple identidad territorial” ........“Que España sea plurinacional es un hecho constatable. En la medida en que hay miles de personas que se sienten pertenecientes a la nación vasca, o a la catalana, existen la nación etnocultural vasca y la catalana. Y a la inversa:en la medida en que en Euskadi y Cataluña existen miles de personas que se sienten pertenecientes, al menos también, a la nación etnocultural española, Euskadi y Cataluña son tan o estructuralmente más plurinacionales que España misma. Sin contar a todos aquellos que, por encima de su pertenencia a la nación etnocultural vasca o catalana, o española, tanto en Euskadi como en Cataluña se sienten y saben pertenecientes a la nación política española como ciudadanos sujetos de derechos y libertades garantizados por la Constitución.”

Los conflictos nacionales, en un país tan complejo al respecto como España, no tienen solución final, pero pueden ser encauzados con más normalidad y tranquilidad desde una organización federal del estado. El Estado federal distribuye el poder y la soberanía entre las entidades que lo forman pero también exige cooperación, solidaridad y coordinación entre las partes, así como fidelidad al proyecto común.

Pero no puedo acabar estas líneas sin desear suerte y feliz andadura al gobierno de Pedro Sánchez, especialmente en lo que se refiere a las propuestas sociales.

ACUERDO PRESUPUESTARIO PNV, PSOE, PODEMOS

Los presupuestos del gobierno vasco para 2020 han visto luz verde gracias a la abstención de Podemos. El acuerdo, posiblemente facilitado desde la entente Psoe-Podemos a nivel de gobierno de España, acentúa el perfil social de los presupuestos destinando algo más de 200 millones a políticas contra la pobreza, feministas y ecologistas. Especialmente relevante será el incremento de 4% de la RGI para 2020.

El partido morado ha comenzado a caminar por la estela del pragmatismo, que no es más que conseguir lo posible en cada momento sin renunciar a nada. Intentar mejorar las condiciones de vida de la gente más desfavorecida o, en general, orientar las políticas de los gobiernos hacía posiciones más progresistas supone encontrarse con la realidad y gestionar las posibilidades de la política de forma más práctica posible. En palabras de Lander Martinez "teníamos la opción de estancarnos en debates fosilizados o avanzar y ser parte activa en el desarrollo de un modelo social".

Me gustaría decir que la altura de miras demostrada por Podemos en las cuentas vascas es síntoma de la maduración del partido. Sin embargo, contrasta con la obstinación por los ministerios y vicepresidencias demostrada por Pablo Iglesias en Madrid. Obstinación llevada hasta el punto de provocar unas segundas elecciones. No estoy diciendo que el único responsable de la repetición electoral fuera Pablo Iglesias, pero tuvo su parte.

Por otra parte, todavía está por ver como entienden los votantes el paso dado. Tengo mis dudas a este respecto, porque cuando se da un giro brusco se pueden perder más que cuatro pelos anticapitalistas (parece ser que la fracción anticapitalista en Euskadi abandona el partido). Esperemos que no ocurra así, que su electorado sancione la nueva política.

De manera distinta piensa la izquierda abertzale que esta lanzando sus dardos contra Podemos, aspirando a sacar tajada electoral en las próximas elecciones autonómicas. Se ha quedado sola frente a los presupuestos en un ejercicio de puritanismo izquierdista completamente estéril para la sociedad. Recuerdo que en otro tiempo no tuvieron problemas para abstenerse ante unos presupuestos de Ibarretxe, menos sociales que estos, pero contextualizados en el choque nacionalista que supuso el Plan Ibarretxe. Ya se sabe que para la izquierda abertzale lo primero es la construcción nacional, lo social.... después. Pero en el momento que escribo estas líneas, todo apunta a que Bildu se abstendrá en la investidura de Pedro Sanchez y en los presupuestos navarros, con contenidos sociales parecidos a los vascos. Si esto se confirma no sería comprensible la actitud de Bildu en Euskadi a no ser que su política se guiara por el partidismo-electoralismo más obsceno.

Por último, el PP sigue con su cruzada contra la RGI. Es una derecha que abraza el credo neoliberal sin miramientos y sin espíritu crítico. Considera que la RGI solo sirve para desincentivar el trabajo y para atraer emigrantes que vienen a vivir sin trabajar. Dos grandes mentiras con las que pretenden ganarse los espíritus más conservadores e insolidarios, escarbando en el egoísmo de gentes sencillas que encuentran en quienes son más pobres que ellos lugar donde descargar sus iras. El PP no tiene respuesta a la pobreza. La última reforma laboral no ha servido para reducir las cifras de la pobreza en España (14.000.000 de personas viven en hogares con menos de 13.000 € de renta anual). Tal y como se está configurando el mundo del trabajo, cada día está mas claro que hacen falta medidas como la RGI, mejorándola.

Resumiendo, el paso dado por Podemos me parece muy interesante porque abre un camino constructivo y divulga la cultura del acuerdo entre diferentes frente a la cultura del choque de trenes que normalmente no resuelve nada.