La verdad y las mentiras sobre el islam en Europa

 

La verdad y las mentiras sobre el islam en Europa

El islam no supone un peligro serio, pero el islamismo y el miedo al islam sí

El pánico ante el islam se extiende por Europa. En varios países europeos, la mitad de la población piensa ya que es incompatible con los valores occidentales. El pasado 6 de septiembre, Alternativa para Alemania (AfD) logró un 44% de los votos en Sajonia-Anhalt, su mejor resultado hasta la fecha en unas elecciones estatales, tras alertar sobre la “islamización” y prometer deportaciones forzosas. Ese mismo fin de semana, en el Reino Unido, cientos de encapuchados ocuparon Dover al grito de “Stop the boats” y “Cristo es rey”. En Francia, la propuesta de Le Pen de prohibir el uso del velo islámico en espacios públicos cuenta con el respaldo del 60% de los votantes.

La obsesión también ha echado raíces en Estados Unidos. El temor ya no es tanto a los terroristas, como sucedía después del 11 de septiembre de 2001, sino a un supuesto plan islámico para conquistar Europa desde dentro. Integrantes de la Administración Trump advierten sobre la “desaparición de la civilización”.

Esta percepción está perjudicando las relaciones transatlánticas. Además, es incorrecta. Europa no se enfrenta a una toma islámica, ni a una radicalización masiva de los musulmanes, ni a la desaparición de su cultura. Como muestra nuestro reportaje, no existen “zonas prohibidas”, la sharía no se está incorporando lentamente a la legislación nacional y en ningún lugar se está produciendo un “gran reemplazo” demográfico.

El verdadero peligro para Europa es otro: el extremismo alimentado por el islamismo (la creencia de que el Estado debe imponer los principios islámicos) y por la paranoia derechista impulsada por las redes sociales. La izquierda agrava este problema al negar las amenazas, modestas pero reales, que supone el islamismo. También lo hacen los políticos centristas, que prefieren guardar silencio para evitar acusaciones de racismo. Esta dinámica sí podría dañar las democracias liberales europeas, no por sustituirlas por un califato, sino por frenar la integración y favorecer políticas que causarían un daño duradero a sus libertades.

Los temores más extremos se desmontan fácilmente. Incluso después de una migración récord desde países de mayoría musulmana, los musulmanes representan ahora solo el 6% de la población europea, que supera ampliamente los 500 millones de personas. Aunque los recién llegados suelen tener más hijos que los nacidos en Europa, las tasas de natalidad tienden a igualarse en apenas dos generaciones. Eso está muy lejos de suponer un borrado civilizacional.

De hecho, la mayoría de los inmigrantes musulmanes quieren prosperar en su nuevo hogar, no imponer una versión de las sociedades que acaban de dejar atrás. Sus hijos suelen obtener mejores resultados académicos que sus padres. En el Reino Unido, el 67% de los bangladesíes que realizaron los exámenes oficiales en el 2021 estaban matriculados en la universidad a los 19 años, frente al 38% de los británicos blancos. Muchos musulmanes participan activamente en la política tradicional: ahí están el ministro del Interior británico y el alcalde de Londres. En aspectos importantes, las actitudes de los musulmanes pueden parecerse a las de otros europeos. En una encuesta que encargamos entre musulmanes británicos, apenas encontramos rechazo a que las mujeres trabajen.

Es importante la confusión entre islam, una religión, e islamismo, una ideología política. El islam no es un problema; el islamismo puede serlo

Entonces, ¿qué está llevando a tantos europeos a rechazar el islam? Muchos musulmanes tienen opiniones poco liberales e informamos sobre el asesinato de un imán abiertamente gay en Sudáfrica. En el Reino Unido, según nuestras encuestas, el 52% de los musulmanes cree que la homosexualidad es incorrecta, y entre los jóvenes musulmanes (un 41% de los menores de 35 años), son más proclives que los mayores (25%) a considerar que la violencia puede justificarse si alguien insulta al profeta.

Sostener opiniones socialmente conservadoras no convierte a nadie, por sí solo, en una amenaza; algunos de los supuestos defensores de Europa en la derecha son tan homófobos como los musulmanes a los que critican. Sin embargo, algunas de estas actitudes deberían preocupar a los progresistas que llevan tiempo dando por sentado que las sociedades abiertas acaban volviendo a la gente más tolerante. Y si el Estado se muestra demasiado pusilánime para hacer frente a las injusticias cometidas por minorías, como cuando bandas de hombres musulmanes abusaron de chicas jóvenes en varias ciudades inglesas, provoca una indignación más que justificada.

Igual de importante es la confusión entre islam, una religión, e islamismo, una ideología política. El islam no es un problema; el islamismo puede serlo. A diferencia de los yihadistas del 11-S, la mayoría de los islamistas no defienden la violencia. Pero muchos practican el denominado “entrismo”: infiltrar instituciones democráticas para promover una agenda iliberal. Los grupos islamistas con buenos contactos pueden presionar a favor de leyes muy restrictivas contra los discursos de odio o en contra de programas de prevención del extremismo. El principal peligro del entrismo es local. Redes pequeñas y bien organizadas pueden hacerse con el control de una escuela, una mezquita, un ayuntamiento o una organización benéfica, y utilizar estas instituciones para desalentar la integración e imponer la conformidad religiosa a otros musulmanes que residan en la zona.

La preocupación por estos islamistas no violentos ha ido en aumento entre los servicios de seguridad europeos. En Francia, las autoridades temen la infiltración encubierta de los Hermanos Musulmanes. Un informe oficial publicado el año pasado advertía de que el islamismo podría, con el tiempo, amenazar las normas laicas y los derechos de las mujeres. Sin embargo, eso parece poco probable. El Ministerio del Interior francés calculó que sólo 139 de los 2.800 lugares de culto musulmanes estaban vinculados a los Hermanos Musulmanes.

En realidad, las principales víctimas son otros musulmanes. La mitad de los doce distritos municipales de Blackburn, en el norte de Inglaterra, tiene una población musulmana superior al 60%; en dos de ellos supera el 80%. En estas zonas, las mujeres pueden sentirse presionadas para dejar que los consejos de la sharía rijan sus vidas familiares. Los musulmanes gays y liberales sufren intimidaciones. Los musulmanes no conformistas se quejan de que las autoridades occidentales -temerosas de ser vistas como racistas- no les otorgan la misma protección que a los ciudadanos no musulmanes.

También existe un daño más amplio. Los islamistas avivan el antisemitismo, especialmente en relación con Gaza. Exigen limitar la libertad de expresión respecto a sus creencias. Intimidan a políticos, humoristas, académicos y periodistas, que acaban recurriendo a la autocensura. Pueden presionar a colegios, sindicatos de estudiantes, organizaciones benéficas y ayuntamientos.

Lo que convierte estas amenazas locales en un peligro a escala continental es la forma en que son explotadas. A los islamistas les conviene sostener que cualquier crítica a su proyecto político es un ataque al propio islam. La izquierda populista, incluidos La Francia Insumisa y los Verdes en el Reino Unido, tiende a tratar cualquier pregunta sobre migración, delincuencia o islamismo como racista.

La derecha populista suele avivar el miedo afirmando que todos los musulmanes representan una amenaza y acusando al Estado de un “encubrimiento progre” y de aplicar un “trato desigual”. Pocos han sido tan vehementes como Musk, que ha utilizado su plataforma en redes sociales para influir en la percepción del islam en todo el mundo y dar voz a la derecha antiislámica en Europa, desde AfD hasta Tommy Robinson, un agitador británico del que hablamos en una serie de pódcast en tres partes que comienza este fin de semana.

Los remedios que propone la derecha populista son tan iliberales como los de los islamistas de los que dicen querer proteger a Europa. Las promesas de deportaciones masivas, segregación y prohibición de determinadas vestimentas solo sirven para atemorizar a los musulmanes, dificultar su integración y empujarlos hacia los extremistas. Cualquier país que aplicara estas políticas comprobaría que el odio que desatan provoca un daño duradero.

Por eso los políticos tradicionales de Europa deben ofrecer una alternativa. La violencia y las amenazas de violencia deben ser perseguidas. Pero no debe haber temas tabúes en nombre de la sensibilidad cultural. La libertad de expresión no es enemiga de la tolerancia, sino su condición previa. El entrismo debe ser señalado, al igual que la intolerancia. Los gobiernos que tienen reparos en recopilar o publicar datos dejan un vacío que es ocupado por la exageración especulativa.

Abordar todo esto no será fácil ni rápido, pero hay motivos para la esperanza. Los musulmanes en Europa se están integrando, al igual que lo hicieron en su momento las oleadas anteriores de inmigrantes católicos, judíos y caribeños en los países donde se establecieron. La llegada de todos estos grupos anteriores provocó alarmas morales sobre si alguna vez llegarían a encajar. Todos ellos acabaron encontrando su lugar. Los musulmanes también lo harán, si no se permite que la división y la paranoia lo impidan.

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El ‘momento Ceuta’ y la trampa que Europa se tendió a sí misma

 El ‘momento Ceuta’ y la trampa que Europa se tendió a sí misma

Sami Naïr

La falta de una política migratoria común y eficaz es el problema de la UE, que debe apostar por una gestión organizada de las migraciones, trabajando y cooperando con los países de origen

No se puede entender el asalto masivo e inesperado de personas inmigrantes en el territorio de Ceuta únicamente a través del cristal de probables manipulaciones indirectas de terceros países para desestabilizar al Gobierno español. Y el significado de fondo del momento Ceuta no se agota en un simple juego geopolítico y coyuntural: viene a poner en evidencia la trampa inexorable que ha ido tejiendo para sí la Unión Europea al elaborar su política migratoria.

Desde la adopción del Tratado de Maastricht, en 1991, para quienes reflexionaban sobre las relaciones entre las grandes potencialidades del mercado único europeo y la oferta migratoria mundial, era evidente que la falta de una política común, diligente y real de gestión de los flujos de trabajadores conduciría pronto a graves crisis migratorias. En aquella época, no faltaban expertos —incluso dentro de la propia Comisión de Bruselas— que proponían definir criterios que permitieran a cada Estado miembro adaptar, en función de las necesidades específicas y el grado de desarrollo de su respectivo mercado laboral, la acogida y las formas de regular las migraciones. Se era consciente de que los Acuerdos de Schengen, adoptados en 1985 y anclados esencialmente en el denominado paradigma del candado (cierre-entrada-cierre), resultaban ya demasiado rígidos ante la oferta migratoria procedente de África, los países del Este y Asia. No extraña, pues, que las crisis migratorias en la UE muestren claramente la doble cara que caracteriza hoy su modelo político en esta esfera: por un lado, la incapacidad de hacer frente, salvo por medios policiales, a la demanda migratoria procedente del exterior del espacio Schengen; por otro, la incapacidad de responder a la necesidad de nueva mano de obra dentro de dicho espacio. En resumen: “¡No los queremos y, sin embargo, los necesitamos!“. Esa es la trampa del paradigma del candado, asentado en el más que elocuente proyecto de quienes dirigían Europa entonces y ahora: es el mercado, y solo este, el que tiene las llaves de la UE, y no una política común, flexible y concertada. De ahí se desprenden varias constataciones.

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La migración suma: los datos demuestran que el efecto económico es netamente positivo

En primer lugar, la entrada masiva y desesperada en Ceuta demuestra que, a la menor ocasión, las fronteras del norte del Mediterráneo pueden ser traspasadas y desestabilizadas.

A renglón seguido, sabemos que los países de origen, minados por las desigualdades y asediados por el crecimiento demográfico exponencial acumulado en los últimos 40 años, no pueden asegurar la integración social de una parte de su población, como tampoco garantizar, debido a la corrupción, el cumplimiento de los acuerdos de control fronterizo que firman con sus socios europeos. Hoy, la cuestión de la inmigración se ha convertido en moneda de cambio y en un arma en sus relaciones con Europa.

A su vez, a estos terceros países les resulta incómodo y abusivo tener que desem­peñar el papel de gendarme que les impone Europa, lo que supone, además, violar unas normas del Estado de derecho que, para colmo, luego, hipócritamente, les reprochan haber vulnerado. De hecho, la UE nunca se ha mostrado, en los últimos 40 años, ni fiable ni solidaria con ellos; se ha centrado en las inversiones para la integración de los países del Este en detrimento de una gran política mediterránea de desarrollo compartido, a la que se había comprometido desde hace décadas. Entre el norte y el sur, la desconfianza es la norma, y la sospecha, una medida de seguridad.

El momento Ceuta no es, pues, coyuntural, sino que obedece a un estado de tensión estructural en las relaciones entre la construcción europea y el contexto migratorio mundial; no ha dejado de repetirse desde 1991, como expresan los miles de vidas ahogadas en el Mediterráneo, las decenas de miles de solicitantes de empleo y de asilo encerrados en los centros de internamiento alrededor y en el interior mismo de las fronteras europeas, los innumerables desaparecidos o devueltos en caliente a los desiertos del sur.

La política europea no ha estado ni está, por lo tanto, a la altura del reto migratorio; el modelo de gestión solo desde el mercado se ha revelado inadecuado. Y es que, a medida que la demanda migratoria se acumula con los años, la presión externa derivada del drástico cierre de las fronteras va aumentando exponencialmente hasta límites insoportables: de ahí la transformación de Europa en una fortaleza blindada, la creación de una policía terrestre, marítima y aérea (Frontex) que agota los presupuestos europeos y nacionales, y, por último, el desarrollo de un clima cultural en los países europeos asediados por los nuevos bárbaros que propicia el auge de partidos neofascistas, además de un excepcional endurecimiento del derecho penal europeo, que tiende cada vez más a equiparar la inmigración ilegal con el terrorismo, como ha demostrado Esther Pomares Cintas en su obra La deriva del Derecho Penal y la democracia.

En medio de esta atmósfera, el Gobierno español se ha convertido en el blanco preferido de los partidos xenófobos porque es el único en Europa que dice con franqueza lo que hace y hace lo que dice: no aboga en absoluto por la apertura de las fronteras, no permite ninguna laxitud en el cumplimiento de las obligaciones a las que deben someterse los migrantes: es más, su principal fortaleza radica en que anuncia claramente que la economía del país necesita mano de obra extranjera, que la solidaridad es la mejor garantía para gestionar las relaciones con los países del sur, y que la protección del derecho de los migrantes frente al odio es el principal antídoto contra la extrema derecha. Esto le honra.

Por estas razones, ya es hora de que Europa comprenda que el control de los flujos migratorios debe instalarse en un nuevo paradigma. Debe oponer una visión a largo plazo anclada en la gestión organizada de las migraciones, que son, a la vez, necesarias, inevitables y beneficiosas para su mercado. Pero, dado el retraso acumulado durante tantos años en la libertad de circulación, sería muy peligroso abrir totalmente las fronteras. En cambio, sí es perfectamente posible instaurar una libertad de circulación organizada que implique estos elementos: a) aumento significativo de la concesión de visados mediante acuerdos con los países de origen y de tránsito; acuerdos que no deben limitarse a los contratos de trabajo desde el país de origen; b) la integración de las migraciones como una variable central en las políticas macroeconómicas tanto de los Estados como de Europa. Nunca se repetirá lo suficiente: la gestión de los flujos migratorios es la única solución. Al sistema de cierre-entrada-cierre hay que oponer la libre circulación organizada y el codesarrollo cooperativo con los países de origen.

Sami Naïr es politólogo, especialista en geopolítica y migraciones. Su último libro es Europa encadenada (Galaxia Gutenberg, 2025).

CORRUPCION

 

La corrupción en la política ha sido una constante desde el inicio de la democracia española. En estos 46 años hemos conocido un sinfín de casos que han afectado a todas las instituciones: gobiernos, autonomías, ayuntamientos e incluso a la Casa Real.

Ya en los gobiernos de Felipe González surgieron los primeros casos en democracia:  FILESA, Roldán, etc. A partir del año 2000 aumentaron como consecuencia del boom inmobiliario, siendo el PP el principal protagonista: Gürtel, Púnica, Bárcenas…; pero el PSOE también se vio envuelto en los ERE de Andalucía. Los partidos nacionalistas que han ostentado el poder en sus autonomías tampoco han quedado al margen. CIU se benefició de la financiación del Palau y la familia Pujol fue acusada de cobrar el 3 % por facilitar inversiones. Al PNV le estallaron la trama De Miguel y el caso Hiriko. Para que no falte nadie, también la Casa Real ha tenido lo suyo: Urdangarin y los problemas con Hacienda del rey emérito. Pero estos hechos son solo los más abultados y mediáticos; a nivel local, el tráfico de influencias ha sido una práctica frecuente. Se habla de un sobrecoste en la contratación pública que podría llegar a los 60.000 millones de euros al año. 

La financiación de los partidos políticos, el lucro personal, el nepotismo y las puertas giratorias han convertido a personas y organizaciones, supuestamente honradas, en sanguijuelas de la democracia.

De hecho, una de las razones que explican el enorme desprestigio que tienen los políticos y el sistema democrático entre amplios sectores de la población es el abuso de poder que hay detrás de la corrupción. Sentirnos engañados por quienes, en principio, se presentaron como personas íntegras dispuestas al servicio público, pero resultaron más proclives a sus ambiciones personales —cuando no a sus pasiones más esperpénticas— no solo incentiva nuestra desconfianza hacia la política en general, sino que también facilita la llegada de populismos autoritarios.

A partir de los años noventa se tomaron medidas, por gobiernos de diferente signo, para combatir la corrupción. La creación de la Fiscalía Anticorrupción, la Ley de Transparencia y la Ley de Financiación de Partidos Políticos fueron, quizá, las más importantes. También se aprobaron otras destinadas a endurecer el Código Penal y aumentar el control en la contratación pública. Sin embargo, los resultados no han sido positivos. Se ha criticado que han sido medidas reactivas, aplicadas de forma irregular porque chocan con la falta de independencia de las instituciones y la lentitud de la justicia.

Pedro Sánchez llegó al poder el 1 de junio de 2018, después de una moción de censura contra Mariano Rajoy, en medio de uno de los casos de corrupción más escandalosos de la historia de la democracia española: el caso Gürtel. Pero, poco tiempo después, apenas dos años más tarde, su gobierno se vio implicado en contratos ilegales relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia. Es el conocido caso Koldo, que, de momento, salpica a José Luis Ábalos, ministro del primer gobierno de Sánchez y secretario de Organización del PSOE entre 2017 y 2021, y a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE entre 2021 y 2025.

Los gobiernos de Pedro Sánchez han intensificado la legislación anticorrupción con el objetivo de prevenirla (más controles y transparencia), castigarla (penas más duras y listas negras de empresas corruptoras) y detectarla mejor (creación de una agencia independiente y protección a denunciantes). Sin embargo, llama la atención que el grueso de estas medidas se decidiera en 2023 —Ley de Protección del Denunciante— y en 2025 —Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción—, precisamente cuando se destapó el caso Koldo. Parecen medidas impulsadas por la crisis política derivada del descubrimiento de la trama.

Todavía no sabemos qué depararán los juicios por este caso. Aunque, no se puede hablar de financiación ilegal del PSOE, no se ha demostrado hasta ahora, sí existe una responsabilidad política que va más allá de expulsar del partido a los implicados: la negligencia a la hora de controlar la acción de los responsables del Gobierno, más aún cuando la llegada al poder de Pedro Sánchez fue consecuencia de la corrupción en el PP.

¿Pero cómo se soluciona esto? Hay quien, apelando a la ética, reivindica un político que gestione los bienes públicos con honradez. Sin embargo, la capacidad humana para el mal no es exclusiva de unos pocos pervertidos, sino una posibilidad que habita en la mayoría de nosotros. Solo las normas y los controles pueden garantizar, en alguna medida, el comportamiento ético de quienes dirigen la administración.

Aun con todo, España no es el país más corrupto de Europa. Según Transparency International, ocupa una posición intermedia en el ranking europeo. Aunque suele decirse que «mal de muchos, consuelo de tontos». La democracia española debería tener como referencia a los países que ocupan los primeros puestos en dicho ranking anticorrupción: los países nórdicos.

Según diferentes expertos, si comparamos la situación en España con la de Dinamarca o Finlandia, la diferencia no está tanto en la legislación —más o menos parecida— como en la aplicación de las normas. En los países nórdicos destaca la independencia de las instituciones y la escasa interferencia del poder político en el nombramiento de cargos públicos. Los sistemas judiciales son más ágiles y efectivos. La transparencia sobre los cargos públicos y la gestión de las instituciones permite a los ciudadanos acceder a la información de manera rápida y sencilla. Los controles sobre la acción institucional son más intensos que en el resto de Europa y la sociedad no tolera, en ninguna medida, a los políticos corruptos.

En España, sin embargo, son notorios los problemas del sistema judicial. Desde las dificultades para renovar el Consejo General del Poder Judicial, debido a la manipulación política que hace la derecha, hasta la extrema lentitud provocada por la falta de recursos, que lo convierte, en ocasiones, en ineficaz. Un caso paradigmático de la manipulación de la justicia en España es el del novio de Isabel Díaz Ayuso. En principio, se trata de un caso típico de fraude fiscal, pero ha acabado provocando la culpabilización y dimisión del fiscal general del Estado. El Tribunal Supremo, de corte conservador, ha encontrado culpable de filtrar a la prensa información confidencial al Fiscal General del Estado, de corte progresista, sin hechos probados.

Aunque en España la tolerancia hacia la corrupción ha cambiado con respecto a hace unas décadas y ahora somos mucho más exigentes, la ciudadanía vive este tema de forma contradictoria. Ante la gran corrupción se enfada y descalifica a la política, pero en su vida cotidiana participa en cientos de pequeñas corruptelas, por ejemplo con el IVA. Estamos lejos de la cultura cívica nórdica, implacable con cualquier tipo de corrupción, grande o pequeña.

Todavía no sabemos qué eficacia tendrán las nuevas normas sobre transparencia y control; algunas son demasiado recientes. En cualquier caso, la corrupción es una de las asignaturas en las que nuestra democracia tiene un amplio margen de mejora, lo que resulta decepcionante después de casi 50 años de existencia.

Esteban Diego.

POR UN EUSKERA INCLUSIVO, SIN DISCRIMINACIONES

 

En los últimos tiempos estamos viviendo una tensa situación en torno al euskera que ha

tenido su punto álgido en la expulsión de CCOO de la korrika.

Desde hace unos años, en las instituciones vascas aumentan las exigencias  de euskera en los puestos de trabajo de la administración. Se piden perfiles más altos y se perfilan más plazas, por encima de los índices que obliga la norma. Como consecuencia de las protestas de trabajadores por sentirse discriminados y, en ocasiones, desplazados de sus trabajos, CCOO ha impulsado una serie de demandas contra la imposición abusiva de los perfiles lingüísticos. Estas afectan a una veintena de oposiciones y a algunos contratos públicos que externalizan funciones. También ha impugnado dos normas del Gobierno vasco (Acuerdo de 2023 sobre uso del euskera en la administración y Acuerdo de 2023 sobre uso del euskera en la contratación pública). Con ello, CCOO no pretende agredir el euskera, sino  parar lo que entiende como exigencias injustificadas, desproporcionadas y discriminatorias porque restringen el acceso al empleo público. 

En este contexto, también surgió “Euskera Denontzat por un Euskera sin barreras” que pretende promover un debate propositivo sobre política lingüística en Euskadi en clave pluralista. Este grupo también ha promovido demandas por razones similares a las de CCOO.

Los jueces han dado la razón en la mayoría de los casos a los demandantes estableciendo una doctrina judicial con varios criterios:

1. No se puede exigir euskera de forma generalizada sin motivación funcional.

2. No se puede imponer el euskera como lengua prioritaria. Debe respetarse la cooficialidad del castellano.

3. No puede haber jerarquía entre lenguas oficiales.

4. Se deben respetar los criterios de proporcionalidad (el nivel de euskera debe ajustarse al puesto), funcionalidad (solo se puede exigir si es necesario para el trabajo real) e igualdad (no se puede restringir el acceso a los empleos públicos injustificadamente).

Desgraciadamente, la furibunda reacción del mundo nacionalista ha buscado la confrontación frente al dialogo y en varios casos se ha manifestado un talante nada democrático. En 2023 Kontseilua organizó una manifestación contra las sentencias del TSJPV. La Korrika ha expulsado a CCOO en una decisión que rompe con el pluralismo dentro de un evento que pretende ser de todas las personas que quieren impulsar el euskera. Además, este sindicato está sufriendo ataques y pintadas en sus locales por parte de “desconocidos”. Los sindicatos ELA y LAB han calificado las demandas como ataques contra el euskera. La revista Argia ha organizado un montaje para desacreditar a “Euskera Denontzat”, cuando esta entidad pretendía denunciar el hecho de que la totalidad de las 25 plazas de administrativo de una OPE del ayuntamiento de Renteria se perfilaran con PL3 (C1), claramente desproporcionado. Los comités de empresa de la Diputación de Gipuzkoa y del Ayuntamiento de Donostia, con mayoría de ELA y LAB, han llegado a convocar una asamblea para desprestigiar a Sabin Zubiri, miembro de Euskera Denontzat y trabajador de la Diputación, ante sus compañeros de trabajo.

Para el mundo nacionalista el euskera necesita “protección activa” en palabras del lehendakari Pradales. La cooficialidad no se puede entender como un empate neutro porque el euskera parte de una situación de desventaja. Sin embargo, la aplicación de este criterio de manera unilateral y sin tener en cuenta que la mayoría de la población vasca  no puede acreditar los perfiles requeridos, crea un conflicto entre euskera y  trabajo.

 La Ley de Normalización del uso del Euskera de 1982, así como los índices están pensados para garantizar el uso del euskera en la administración, pero manteniendo un equilibrio en el conflicto arriba señalado. Los índices son porcentajes que indican cuántos puestos de trabajo deben ser perfilados teniendo en cuenta los siguientes criterios: porcentaje de población euskaldun, tipo de administración y servicio, funciones del puesto y realidad sociolingüística del entorno. El problema ha surgido cuando se ha abierto una tendencia a perfilar por encima de lo recomendado por los índices, rompiendo los equilibrios y con ello la tranquilidad social que necesita el euskera.

Por otra parte, no está demostrado que la recuperación de una lengua pase por su exigencia en los puestos de trabajo de la administración, sino por su utilización en la calle y esto depende de la voluntad de la ciudadanía. Es llamativo que la mayoría de los euskaldunes se comuniquen en castellano en público y dejen el euskera para el ámbito familiar.  A pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho y la ingente cantidad de dinero que se ha gastado y se gasta desde la administración, el euskera no acaba de salir de una situación de diglosia. Intentar imponerlo no hace más que poner en riesgo la convivencia, como ya está ocurriendo.

La clave de bóveda de la democracia es la convivencia, la cual necesita que el estado de derecho funcione. Este garantiza que nadie ni institución, ni entidad, ni persona alguna estén por encima de la ley. Así, se evita la arbitrariedad del poder, sea institucional o sea particular. Toda la ciudadanía puede y debe exigir que se cumpla la ley si considera que ha sido agraviado en sus derechos, luego los jueces decidirán. Pero lo que nunca debería haber ocurrido es que quienes deciden llevar a los tribunales lo que consideran justo sufran el escarnio de ser expulsado de Korrika como han hecho con CCOO o el linchamiento público de “Euskera Denontzat”.

Esteban Diego

17 DE MARZO HUELGA GENERAL POR UN SMI PROPIO.

 

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, HIRU, STEE y ETXALDE han convocado una huelga general exigiendo un SMI de 1.500 euros en 14 pagas. El telón de fondo es el de una sociedad vasca con problemas de distribución de la riqueza. Un sector amplio —según los convocantes, 140.000 personas— cobra menos de la cantidad reivindicada. Sobre todo, se trata de jóvenes y emigrantes que tienen verdaderas dificultades para acceder a la vivienda y a una vida independiente y digna. Teniendo en cuenta que el coste de la vida en Euskadi y Navarra es superior al de la mayoría de las comunidades autónomas, estos sindicatos exigen un SMI propio para compensar el desequilibrio.

Sin embargo, las aspiraciones sindicales chocan con un muro insuperable: el SMI es competencia exclusiva del Estado. El Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra, instituciones principales en el marco en que se convoca la huelga, no son interlocutores válidos. El Estatuto de los Trabajadores así lo establece, y recientemente ha sido confirmado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El Gobierno central, además de por el impedimento legal, difícilmente puede verse emplazado a la negociación que reclaman los convocantes, porque el alcance de la huelga es muy limitado —solo Euskadi y Navarra— y porque hace menos de dos meses subió el SMI hasta 1.221 euros en 14 pagas, después de difíciles negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios. En pocas palabras, los convocantes de la huelga plantean un imposible.

Por otra parte, los sindicatos cuentan con la negociación colectiva para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la misma sentencia, también confirma que sí sería legal un acuerdo interprofesional entre sindicatos y patronal que estableciera un suelo salarial mínimo.

La diferencia entre un acuerdo interprofesional con las patronales vasca y navarra que recogiera un sueldo mínimo y un SMI propio de cada autonomía no es baladí. En este último caso se rompe la unidad del SMI a nivel estatal, provocando una fragmentación de la negociación entre comunidades autónomas. El resultado es obvio: allí donde la economía es de base industrial, con mayor implementación tecnológica y mayor productividad, y donde además coincide una clase obrera más organizada y activa —como suele ser el caso— se conseguiría un SMI más alto. Por el contrario, donde la economía está dominada por el sector primario y terciario, con una productividad baja y una clase obrera débil, el SMI sería menor. De ahí la importancia de mantener un SMI estatal unificado en nombre de la solidaridad interterritorial. En mi opinión, la crítica que hacen CCOO y UGT, calificando de insolidaria la reivindicación de un SMI autonómico, es correcta. Mientras que con el acuerdo interprofesional no se rompe nada: se mantiene la unidad del SMI, pero allí donde el nivel de vida sea más alto las patronales pueden comprometerse con salarios más elevados. Hay que recordar que los acuerdos interprofesionales tienen carácter legal y son de obligado cumplimiento.

No me cabe la menor duda de que mejorar la situación económica de los sectores más pobres de la sociedad es un objetivo loable. El problema surge cuando se plantea un camino para conseguirlo —la huelga general para un SMI propio— que no tiene salida. Entonces cabe preguntarse qué sentido tiene la convocatoria, qué se pretende con ella.

Tampoco tengo la menor duda de que los sindicatos convocantes mezclan reivindicaciones sociales con aspiraciones nacionalistas. Con ello pretenden arrastrar a la sociedad a sus proyectos políticos, usando al movimiento obrero como ariete.

En mi opinión, los sindicatos vascos deberían centrarse primero en buscar la mayor unidad sindical posible y luego en plantear reivindicaciones viables, por ejemplo exigiendo a las patronales un suelo salarial que tenga como referencia la recomendación de la Carta Social Europea: el 60% del salario medio.

Esteban Diego.

OBVIEDADES

 

OBVIEDADES

A pesar de que el bipartidismo ha desaparecido, la política española sigue guiada por dos grandes corrientes. Una conservadora encabezada por el PP y otra progresista, siendo el PSOE su principal exponente. No es posible organizar el gobierno o la oposición sin tener en cuenta a estas dos formaciones políticas. Más aún, los intentos de sorpasso, tanto en el bloque conservador como en el progresista, han fracasado con lo que los partidos más pequeños y los nacionalismos periféricos, como mucho, aspiran a poder condicionar en alguna medida a estas grandes corrientes. Sin embargo, ni PP, ni PSOE son capaces por si solos de conseguir mayorías absolutas que les permitan prescindir de las formaciones minoritarias. Esta verdad de Perogrullo es muy relevante en tiempos electorales.

No me distraigo con el bloque conservador salvo para decir que si gana las elecciones tendremos un gobierno en el que la ultra-derecha será influyente.

Me preocupa el bloque progresista. Según las encuestas no está claro que el PSOE vaya a ser el partido más votado. A fecha de hoy la mayoría de las encuestas, menos el CIS, le dan la mayoría al PP. Las mismas encuestas indican que tampoco está claro que el bloque de izquierdas más partidos nacionalistas vaya a ser mayoritario. A pesar de que el Gobierno actual (PSOE-Podemos) ha llevado a cabo políticas sociales de calado que han mejorado y protegido las condiciones de vida de las gentes sencillas, todo apunta a que los partidos en el gobierno, incluso, pueden perder votantes.

Entre las razones que explican esto habría que destacar las estridencias de un gobierno que en los últimos meses se ha destacado por la bronca interna, el choque entre PSOE y Podemos. La ley del “solo sí es sí” es el ejemplo más destacado, pero no el único. Cada partido gobierna pensando en su electorado sin tener en cuenta al bloque progresista en su conjunto. El espacio social en el que el progresismo capta sus votantes es muy amplio, heterogéneo y volátil. Si una medida del gobierno sintoniza con los sectores mas izquierdistas es muy probable que provoque una fuga de votos entre votantes más moderados y viceversa. Se impone buscar equilibrios que permitan al gobierno dar una imagen de solidez y no la de una jaula de grillos.

Por otra parte, en el espacio a la izquierda del PSOE, la falta de entendimiento entre el Sumar de Yolanda Diaz y el Podemos de Ione Belarra pueden dar al traste con las expectativas electorales de este espacio y, por extensión, de un gobierno progresista. No sería de extrañar que ante la falta de unidad cundiera el desánimo y buena parte de sus votantes optaran por la abstención u otras opciones. El próximo 28 de mayo serán las elecciones municipales, autonómicas y para las diputaciones vascas. Se medirán las fuerzas. Si Podemos sufre un varapalo, que es bastante probable, Yolanda Díaz tendrá más opciones de controlar Sumar, pero la ilusión de muchos votantes por una formación nueva que aglutine a todo este espacio habrá desaparecido porque surgirá de la derrota de una parte importante de la nueva plataforma.

Pero los agujeros en la línea de flotación del bloque progresista no solo están en su lado más a la izquierda, también Pedro Sánchez puede perder en sus propios caladeros. Que sigan apareciendo casos de corrupción en las filas socialistas, a pesar de la contundencia con la que se ha resuelto el caso “Beni”, afecta a la imagen de la política, y sobre todo, a la de los partidos con mayor poder institucional. También los acuerdos con los partidos nacionalistas, especialmente con ERC y Bildu, y más allá de que se esté de acuerdo con ellos o no, tienen un impacto electoral. En determinadas zonas de España no están bien vistos y no solo restan votos al PSOE, sino que estimulan los votos de la derecha y la ultraderecha.

Para más colmo, después de que este gobierno ha tenido que hacer frente a circunstancias realmente difíciles, como la pandemia y la guerra de Ucrania, la inflación está dilapidando los logros sociales que se han conseguido.

Para acabar una última obviedad, que ya esta dicha en las líneas de arriba. Y lo digo dirigiéndome a mis amigos que siguen menospreciando al PSOE. Sin el PSOE no hay gobierno progresista. Ni Podemos podría haber influido para conseguir políticas más sociales, ni Bildu podría vender la imagen de partido que consigue no sé que logros en Madrid, ni ERC hubiera conseguido la reforma legal  que suaviza las condenas al Process. Y esto no es propaganda electoral sino reflexiones. 

Pero todas estas cosas me las cuanto a mi mismo en época electoral, cuando lo emocional me domina y cuando muchas veces me olvido de lo obvio.

OTEGI QUIERE GOBERNAR

 

 El pasado mes de enero Bildu celebró su Asamblea General. Otegi, coordinador general de la coalición, aprovechó la ocasión para hacer un discurso con dos perfiles. Por una parte, exhibió una argumentación de corte nacionalista destinada a los seguidores más acólitos: recuperar la estatalidad vasca pérdida hace 500 años, derecho a decidir la integración de los territorios vascos y navarros y la definición de Euskalherria como una nación que integra los siete territorios históricos. De otro lado, situó a su grupo en la izquierda de la sociedad vasca y manifestó su intención de  desplazar al PNV del Gobierno Vasco, reconociendo, para ello, la necesidad de asumir algunas contradicciones.

Con respecto a los argumentos nacionalistas de su discurso, me gustaría señalar lo siguiente:

1) Habló de recobrar la estatalidad perdida hace 500 años, cuando el reino de navarra fue conquistado por Castilla. Supone Otegi que hace 500 años existía un estado vasco que fue destruido por nuestros eternos enemigos. Nada más lejos de la realidad,  hace 500 años existía un reino medieval constituido por una élite aristocrática sin ninguna pretensión nacional, entre otras cosas, porque la idea de nación no existía tal y como se entiende desde el siglo XIX. El sentido del reino de Navarra, al igual que el de Aragón o Castilla, era ejercer el dominio aristocrático sobre su territorio y si fuera posible expandirlo, a costa de quien fuera, bien con el uso de la fuerza, bien con matrimonios de conveniencia o bien con herencias. Interpretar al Reino de Navarra como el origen de un estado vasco usurpado no es más que una manipulación de la historia para beneficio de una ideología, la nacionalista vasca.

2) Otegi también exigió que "se garantice y respete el derecho de los territorios vascos y navarros a decidir libremente que relación quieren mantener entre ellos". No sé qué quiso reivindicar. Lo que sí sab​emos todos es lo que dice la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución española de 1978:

1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el Art. 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos.

2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Órgano Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el Art. 143.

 En pocas palabras, si Navarra no forma parte de comunidad autónoma vasca es porque los navarros y las navarras no quieren. Los diferentes gobiernos forales, según reza en la constitución, han tenido la oportunidad de hacer valer la disposición transitoria  4ª y no han querido, ni los gobiernos de UPN, ni los del PSOE, ni el de Geroa bai.

3) Otegi afirma que somos una nación que abarca los siete territorios históricos ¿Pero, realmente, somos una nación?. Es evidente que los siete territorios tienen lazos culturales, el euskera, que nos permiten identificarnos con un sentimiento vasco. Pero este sentimiento no nos convierte en una nación política. La idea de nación siempre ha sido un concepto difícil de precisar, pero desde una concepción democrática hay un requisito imprescindible, que la población concernida quiera constituir una nación. Los ciudadanos de Iparralde se consideran, muy mayoritariamente, franceses; en Navarra el navarrismo foral vinculado a España es el sentimiento dominante y en Euskadi, aunque el nacionalismo tiene más apoyos que en ningún otro sitio, el independentismo cuenta, como mucho, con un 30% de seguidores. Si algo caracteriza a la sociedad vasca es su pluralidad con respecto a los sentimientos de pertenencia nacional. Sin embargo, hay que reconocer que existe un poderoso movimiento nacionalista, especialmente en Euskadi, que aspira a construir la nación vasca. Pero a mi entender, su existencia no implica que exista la nación. Creo que confunden la parte, el movimiento nacionalista y sus aspiraciones, con el todo, la sociedad vasca y su radical pluralidad.

La otra parte del discurso de Otegi se centró en los objetivos de la coalición en el medio plazo: Gobernar en Euskadi desde una perspectiva de izquierdas, aunque ello implique asumir algunas contradicciones. Es innegable que Bildu ha consolidado un espacio electoral que le es fiel. El gran problema de la izquierda abertzale es como convertir esa fuerza electoral en hechos. Solo hay un camino: alcanzar el poder institucional. 

Pero para ello Bildu necesita la alianza de las otras fuerzas de izquierdas, PSOE y Podemos, y aparecer ante la sociedad como una organización moderada y sensata que se centra en los problemas de los ciudadanos y no en veleidades radicales y desnortadas. De hecho, Bildu ya lleva un tiempo en esa dirección, los apoyos a los presupuestos del Gobierno Vasco, al Gobierno de Navarra y al Gobierno central son la mejor muestra de ello. Pero una cosa es llegar a acuerdos puntuales y otra, bien diferente, es conseguir aliados para gobernar. Esto último exige una trasformación a fondo que afectaría a dos cuestiones que hasta hoy han sido centrales para el mundo de la izquierda abertzale: ETA y el nacionalismo radical y excluyente.

 La reconciliación en la sociedad vasca pasa por reconocer los derechos de las víctimas de terrorismo (memoria, justicia, verdad y reparación) y esto implica que cada cual asuma la parte de responsabilidad que le corresponde. La izquierda abertzale justificó el terrorismo de ETA y contribuyó a la fanatización de una parte de la sociedad vasca, creando el caldo de cultivo del que se alimentó el terrorismo. No es suficiente con decir "nunca debió ocurrir", deben rechazar sin ambages lo que ETA representó. Sin deshacerse de ETA es imposible que llegue a acuerdos de envergadura, como los que necesitaría para gobernar, con otras fuerzas políticas.

Por otra parte, para llegar a las mayorías la izquierda abertzale tiene que situarse en la centralidad de la sociedad vasca. Ésta  no busca el socialismo ni la independencia, como mucho aspira a tener más autogobierno dentro de España. Pero sobre todo, gobernar en la sociedad vasca supone reconocer su pluralidad, reconocer que lo español también forma parte de nuestra realidad, que es tan vasco como lo euskaldun. 

No creo que Bildu sea capaz de llevar a cabo estos cambios en poco tiempo. Por eso, la pretensión de Otegi de gobernar en Euskadi se me antoja bastante lejana.

CRISIS EN EL PP

 

El aplomo con que Isabel Díaz Ayuso reconoce que su hermano hizo negocios, en medio de la pandemia, con la administración que ella preside evidencia la impunidad con la que actúa.

No sería de extrañar que la presidenta de Madrid salga ilesa de esta entente porque seguramente la operación fue legal y la fiscalía tenga poco que hacer. Sin embargo, no cabe duda de que hay una clara falta de ética en el uso del cargo público para el enriquecimiento personal o de allegados. También es bastante probable que la moral del votante medio del PP en Madrid no tenga problemas con los "deslices" de su lideresa, considerada adalid de la libertad. Además, parece que nadie le reprochará nada en su partido, donde se ha visto respaldada por los barones más influyentes frente a Pablo Casado. Más aún, la defenestración de éste por su torpeza dirigiendo la oposición y el partido ha dejado el campo libre para que Isabel alcance la presidencia del PP en Madrid, con la concentración de poder que ello implica.

Pero lo que resulta desconcertante y deprimente es que ocurra en un partido que ha tenido y tiene muy serios problemas con la corrupción, hasta el punto que su último presidente de Gobierno perdió el puesto gracias a una moción de censura por su supuesta participación en prácticas corruptas, "M. Rajoy". Y que ocurra en una comunidad que ha sufrido la corrupción del PP en varias ocasiones desde que Esperanza Aguirre asumió la presidencia de la comunidad y del partido. 

La corrupción es una de las razones que explican el profundo descrédito que sufre la clase política en particular y la democracia en general, y por ende, es, también, una de las razones que explican el auge de los populismos. El crecimiento de Vox no es ajeno al desprestigio del sistema político. Sin embargo, hay que reconocer que el PP madrileño ha capeado la crisis de credibilidad con éxito. Más allá de errores ajenos, un discurso basado en la libertad frente a las restricciones de la pandemia y en la exaltación de los ticks tradicionales de la derecha, en un estilo netamente populista, sirvieron para neutralizar a Vox, ganar las elecciones y fortalecer la figura de Isabel Díaz Ayuso en el mundo de derechas.

Pero, como se ha demostrado en las últimas elecciones de Castilla y León y en las encuestas publicadas los últimos días, Vox sigue avanzando entre el electorado conservador a costa del PP y Ciudadanos. Y en el PP están divididos a la hora de intentar evitar que la extrema derecha les desgaste. Los más moderados no son partidarios de dejar que Vox forme parte de los gobiernos encabezados por ellos. No es el caso de Isabel que abiertamente apuesta por intensificar las relaciones con  Vox, incluso formar gobiernos de coalición con ellos. Son conocidas sus proclamas contra la Ley LGTBI, su patrioterismo confundiendo España con Madrid y su feminismo que niega la violencia de género o la discriminación de la mujer. Diferentes medios la han calificado de Trumpista y reaccionaria. Además, su gestión de gobierno se está caracterizando por el tono autoritario y el desprecio a la oposición, típico de la extrema derecha. Para muestra un botón, la ley Ómnibus con la que pretende cambiar o derogar más de 33 normas legislativas y 7 decretos, dando a penas diez días, en plenas navidades, para alegaciones. Esta ley afecta a materias muy sensibles como la sanidad, el suelo o la Cámara de cuentas. Cabe destacar que se pretende evitar cualquier fiscalización de la acción de gobierno. Por ejemplo, se crea una Agencia de Contratación Sanitaria sin control parlamentario o se modifica el método de elección de la cámara de cuentas, dándole al gobierno la posibilidad de bloqueo.

Parece que Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del PP. Todo lo que he leído sobre él, basándose en su papel de presidente de la comunidad gallega, habla de un político moderado y liberal que busca el centro de la sociedad. Sin embargo, esta imagen se contradice con el respaldo que le ha dado a Isabel Díaz Ayuso. ¿No estaremos ante una pacto de reparto de poderes? ¿Feijóo gobierna en España y Díaz Ayuso con el aguirrismo en Madrid?. El problema es que el peso de Madrid sobre el conjunto nacional, en un partido como el PP, es mucho más que el de una mera comunidad próspera. Igual es pronto para ver que consecuencias traerá esta victoria de Díaz Ayuso, pero no espero nada bueno. Me temo que su estrategia de acercarse a la estrema de derecha se consolidará.

REFORMA LABORAL 2021

 

La reforma laboral esta pendiente de un hilo al no aparecer, de momento, suficientes apoyos en el parlamento para que pase de ser un mero real decreto a una ley. El llamado bloque de investidura está dividido, ya que PNV, ERC,  BILDU y el BNG no la apoyan. 

Sin embargo, la reforma supone un avance neto de los derechos de los trabajadores. Se recupera la ultractividad, devolviendo equilibrio entre las partes en la negociación colectiva; se da prevalencia a los convenios sectoriales en materia salarial frente a los convenios de empresa, dando garantías de unos mínimos salariales a los trabajadores de pequeñas y medianas empresas donde el sindicalismo es débil; el contrato habitual será el fijo, quedando el contrato eventual limitado en sus modalidades y en duración; surge un nuevo contrato fijo de obra y desaparece el contrato eventual por obra y servicio, dando más estabilidad a los trabajadores de la construcción;  las subcontratas tendrán que regirse por el convenio sectorial de la actividad ejecutada en la contrata, acabando con el abuso en las empresas multiservicios y los ERTE se convierten en estructurales para evitar el alto nivel de despidos que se producen en épocas de crisis en el mercado laboral español. Se puede decir que esta reforma abre el camino a un buen recorte a la precariedad, casi endémica en el mercado laboral español. En este sentido, es importante recordar que la reforma refuerza la línea de trabajo contra la precariedad que viene desarrollándose desde el gobierno, me refiero a la implantación del IMV, el aumento del SMI, la eliminación del despido por baja y mejoras en el teletrabajo y los riders de plataforma.

La patronal, por su parte, consigue que los costos por despido no se modifiquen, que la Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo y el descuelgue del convenio sigan vigentes cuando la empresa pasa por dificultades. La patronal busca flexibilidad a la hora de gestionar los costos laborales en época de crisis.

 Una reforma pactada con los agentes sociales, sindicatos y patronal, tiene más estabilidad. Las partes han encontrado un punto de equilibrio entre intereses contrapuestos. Pero sobre todo, se ha impuesto la concertación frente a la confrontación en un ejercicio de realismo y de democracia entendida ésta como la búsqueda negociada de soluciones, todo lo contrario a lo que ocurrió con la reforma de Rajoy donde los recortes se impusieron unilateralmente. 

La reforma ha encontrado el rechazo de la derecha y de la extrema derecha, y como decíamos arriba, también el de PNV, BILDU, ERC y los sindicatos nacionalistas vascos (ELA, LAB, STEE-EILAS, ESK ..). Bildu y ERC demandan aumentar el coste del despido, la gestión autonómica de los ERTEs y prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales y el PNV ha centrado su desacuerdo en la reclamación de los convenios autonómicos y provinciales. En Euskadi, además, los sindicatos nacionalistas han convocado movilizaciones en contra de la reforma. Según ELA todo es un fraude y exige el marco vasco de relaciones laborales.

Es cierto que en anteriores reformas se perdieron derechos que no se recuperan en ésta. Pero el avance con respecto a la situación anterior es tan grande que solo se puede despreciar desde intereses de otro tipo, no desde los intereses de los trabajadores. En caso de que no se apruebe volveremos a la reforma de Rajoy. En mi opinión el sindicalismo nacionalista y BILDU plantean la reforma en términos de todo o nada, o sea plantean un imposible. 

Por otra parte, no tengo claro a que se refieren cuando hablan de Marco Vasco de Relaciones Laborales, ¿prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales?, ¿ruptura con el mercado laboral español, exigiendo un poder normativo propio en línea con el soberanismo político?.

 Si hablamos de prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales habría que señalar que esa posibilidad, en mucha medida, ya existe. En Euskadi se firman, sobre todo, convenios provinciales y de empresa, ELA y LAB nunca se han inclinado por los convenios autonómicos. A través del Acuerdo interprofesional en relación con la estructura de la negociación colectiva en la CAV de 2017 ha quedado acordada, con algunas limitaciones, dicha prevalencia. Aún con todo, algunos aspectos de la concurrencia entre convenios autonómicos y estatales podrían ser mejorados. Por ejemplo, el punto 4 del art.84 del Estatuto de los Trabajadores, que limita la capacidad de los convenios autonómicos, podría ser eliminado o modificado. Algo de esto suena cuando desde el gobierno se propone dejar esta discusión para una futura reforma del Estatuto de los Trabajadores. CCOO y UGT también han expresado su acuerdo con estas modificaciones. La patronal, a mi entender, se mueve de forma contradictoria. Por una parte, no quiere modificar la ley porque, según ellos, se rompería la unidad del mercado de trabajo, pero, por otro lado, firman acuerdos interprofesionales que dan prevalencia a los convenios territoriales. En cualquier caso, insisto en que la legislación actual ya permite un desarrollo de los convenios autonómicos y provinciales. 

Si hablamos de crear un mercado laboral propio, desgajado del mercado español, estamos hablando de las aspiraciones, ilusiones y deseos de los movimientos nacionalistas, legítimas, pero muy alejadas de la realidad. 

Esta cuestión del Marco Vasco de Relaciones Laborales se está usando como ariete contra la reforma cuando saben de antemano que es llevarla a un callejón sin salida. 

En resumen, no encuentro argumentos de suficiente calado en las posiciones de los partidos y sindicatos nacionalistas para justificar el rechazo a la reforma propuesta por el gobierno, por lo tanto, entiendo que las verdaderas razones hay que buscarlas en otros terrenos.  Intereses partidistas como vender caro su apoyo a cambio de otras cuestiones, o provocar un cierto desgaste de figuras destacadas en la elaboración de la reforma como Yolanda Díaz. En el caso de ELA las razones del rechazo se encuentran en su estrategia soberanista que le lleva a la confrontación con todo lo que no potencia dicha estrategia. 

DÍA 30 HUELGA GENERAL

No es la izquierda, es el nacionalismo radical.

En los tiempos que corren encontrar argumentos para convocar una huelga general no es tarea difícil: pensionistas, trabajadores en precario, parados, perceptores de RGI … o más fácil todavía, solo hay que exigir más de lo que el gobierno ofrece. El milagro de las palabras. Ya tenemos legitimada una Huelga General para consumo de la parroquia. Mucho más complicado resulta que dicha huelga general represente el sentir de la sociedad y muchísimo más complicado que sirva para conseguir lo que dice pretender.

La convocatoria del 30 de enero, realizada desde el ámbito del nacionalismo radical, está cargada de contradicciones que la invalidan como un instrumento para la mejora social:

1) Divide al movimiento de pensionistas, muy dinámico en Euskadi, que hasta hoy esta siendo una punta de lanza en la defensa del sistema de pensiones público. Nunca han aceptado un movimiento de pensionistas plural y con protagonismo, que no controlan. Su lógica, como lo han hecho con otros movimientos sociales, les lleva a hacer pasar por el ojo de la aguja nacionalista a las reivindicaciones del movimiento. Y si para eso tienen que dividirlo.. pues lo hacen.

2) Divide al movimiento sindical. CCOO y UGT no comparten la convocatoria en cuanto que entienden que no es el momento para realizar una huelga general. Más aún, denuncian el carácter excluyente de las reivindicaciones que se plantean. Están basadas en el programa (marco vasco de relacciones laborales, seguridad social propia, 1080€ etc ) de una parte del sindicalismo, vestido de única solución a los problemas sociales..

3)  Por la división que genera y por los limites geográficos de la convocatoria, esta movilización no tiene capacidad de presión sobre los poderes políticos, económicos y sociales.

4) Se hace contra un gobierno progresista (Psoe-Podemos) comprometido con el mantenimiento de las pensiones y la mejora de las condiciones de la gente trabajadora. Paradójicamente, la investidura del presidente de dicho gobierno ha contado con el apoyo de Bildu, uno de los convocantes de la huelga, en forma de abstención.

5) Pero se hace, sobre todo, contra el gobierno vasco que acaba de aumentar el gasto social, de la mano del acuerdo presupuestario con Podemos.  Continuando con las paradojas. ¿Cómo se entiende que Bildu denuncie abiertamente el acuerdo del gobierno vasco, considerandolo insuficiente, y a la vez apoye el presupuesto navarro que no es mejor?. Además, se le exigen cosas para las que no tiene competencias.

En mi opinión, las razones de la huelga hay que encontrarlas en los problemas y necesidades del nacionalismo radical.

Se acercan las elecciones autonómicas y Bildu necesita destacar en un momento en el que la iniciativa política la tienen otros. La posibilidad de que se cree un frente soberanista de cara a la reforma del estatuto, su jugada estrella en 2018, se ha desvanecido. El PNV, de momento, prefiere otra vía más pragmática. Por otra parte, Podemos, un competidor en el terreno social, ha ganado presencia mediática apareciendo ante la sociedad vasca como una fuerza útil que puede influir en la política del Gobierno vasco ( acuerdo PNV-PSOE-PODEMOS para los presupuestos) y en el de Madrid (Gobierno PSOE-PODEMOS). Bildu puede ver en la H.G. una forma de mantener las filas electorales prietas, marcando diferencias con las demás fuerzas políticas, además de intentar pescar votos en caladeros ajenos.

ELA, sin embargo, no tiene necesidades electorales, obstenta el 41% de la representación sindical en Euskadi. Pero ELA lleva años queriendo ser una fuerza determinante en el mundo nacionalista y por ende en la sociedad vasca, aspirando a influir más allá del ámbito sindical. Partidaria de estrategias soberanistas, la organización sindical ve en la transversalidad de Urkullu un freno a la construcción nacional. Por otra parte, ofrece un perfil de confrontación frente al avance del “capitalismo salvaje” que le ha llevado a no participar en la Mesa de Dialogo Social, el CRL, el CES o en LANBIDE, aunque no tiene problemas a la hora de firmar planes de pensiones privados para los funcionarios de la administración vasca. Otra característica del sindicalismo de ELA es el intento de excluir al sindicalismo no nacionalista tratando de desprestigiar su línea sindical, especialmente cuando éste negocia con la administración y las patronales, y desmarcándose de todas las movilizaciones que se convocan a nivel estatal considerándolas ajenas a la clase trabajadora vasca. Sin embargo, su modelo sindical no puede ofrecer grandes logros. A pesar de ser un sindicato muy potente en Euskadi, su influencia en las políticas socio-económicas que afectan al país esta por debajo de sus expectativas.

La pseudo huelga general que convocan Ela, Lab y Bildu, como contamos en los primeros párrafos, no sirve para conseguir lo que dicen pretender, pero les viene bien para sacar pecho, reafirmándose ante su gente, además de dividir a los movimientos sociales (sindicalismo, pensionistas) entre nacionalistas y no nacionalistas en coherencia con su visión excluyente del país.

HABEMUS PAPAM

Por fin Pedro Sánchez ha conseguido ser investido presidente del gobierno de España. Después de un proceso azaroso, que se inició con la moción de censura a Rajoy y ha supuesto dos elecciones al parlamento en el mismo año, Pedro Sánchez ha sido capaz de consensuar con toda una constelación de pequeños y medianos partidos su nombramiento a presidente.

El tortuoso camino recorrido ha conocido las contradictorias relaciones entre PSOE y Podemos, el hundimiento de Ciudadanos, la eclosión de la ultraderecha, la caída y cierta recuperación del PP, la división en el soberanismo catalán, un relativo avance del nacionalismo vasco y el surgimiento de fuertes sentimientos de agravio por el abandono del mundo rural. Todo ello en un contexto muy voluble donde la identificación de la ciudadanía con los diferentes proyectos políticos varía de un día para otro.

La investidura ha sido consecuencia, sobre todo, de dos grandes acuerdos, el habido entre PSOE y Podemos, de marcado carácter social, y los compromisos adquiridos por Pedro Sanchez con ERC de cara a tratar el lio catalán en términos políticos. Se está buscando una gobernación progresista, que ayude a las personas perjudicadas por la crisis económica y refuerce el estado de bienestar. Por otra parte, el futuro nuevo gobierno se compromete a atender las demandas nacionalistas de ERC, siempre y cuando no se sobrepasen los límites constitucionales. Pero el encaje de bolillos de la investidura ha implicado otros pactos menores entre los que cabe destacar el llevado a cabo con el PNV, quien además de completar el estatuto vasco se permite pactar competencias para Navarra y negociar “modificaciones legales para reconocer las identidades nacionales” sin especificar a qué se refieren.

Pedro Sánchez ha configurado el único gobierno posible, después de que la derecha le negara el pan y el agua, especialmente Ciudadanos, y con ello ha evitado que se repitan las elecciones por tercera vez con resultados inciertos.

Para una persona de izquierdas siempre es esperanzador la formación de un gobierno progresista. Pero sin embargo, en esta ocasión no puedo ocultar mi escepticismo. Hay quien saluda al nuevo gobierno convencido de que estamos ante un nuevo contrato social del pelo del que dio lugar al estado del bienestar en el siglo XX. Se equivoca. Estamos ante un pacto de gobierno para cuatro años sobre cuya estabilidad se levantan muchas sombras.

En primer lugar, la derecha no solo no forma parte del acuerdo sino que lo intenta tumbar, siendo muy beligerante tanto con sus contenidos sociales, según ellos arruinan el país, como con la negociación con los nacionalismos periféricos, que según ellos también, rompen España. Prometen una oposición netamente destructiva. Posiblemente su arma mas letal no va a estar en el parlamento sino en los juzgados. Un artículo de Ignacio Escolar “Lawfare contra el nuevo gobierno” publicado el 30/12/2019 en diario.es lo expone, creo que con acierto.

En segundo lugar, buena parte de lo acordado en el “Pacto del polvorón” (Psoe-Podemos) depende de las posibilidades que ofrezca la economía. Emilio Ontiveros en su artículo “Riesgos limitados” El País 31/12/2019 recuerda, entre otras cosas, que las promesas económicas quedan subordinadas, en el propio acuerdo, a dos capítulos más vinculantes: “consolidar el crecimiento y la creación de empleo” y “la justicia social y el equilibrio presupuestario”, donde los propios enunciados marcan las prioridades. Ademas Ontiveros advierte de la importancia de la pertenencia a la unión monetaria y a sus reglas. Después de los peores años de la crisis, dicha pertenencia ha permitido que la deuda pública española se financie con una prima de riesgos baja y que el flujo de inversión extranjera directa no haya dejado de crecer. Estoy convencido de que estas premisas no van a ser incumplidas. El problema es que entramos en una fase de desaceleración económica, que afecta a la industria, como consecuencia del enfriamiento en la eurozona y que limitará las posibilidades del gasto público.

En tercer lugar, el gobierno es consecuencia de un complejo acuerdo a varias bandas que debe reeditarse cada vez que sea necesaria una mayoría para sacar adelante leyes como las presupuestarias. Lo que quiere decir que la estabilidad del gobierno va estar sometida a varios tipos de turbulencias. El conflicto catalán puede ser el principal quebradero de cabeza del nuevo gobierno si no se encuentra una pista de aterrizaje para el nacionalismo. Pero también Podemos puede verse tentado a romper sus acuerdos si los objetivos sociales que ha pactado no alcanzan los niveles esperados, cundiendo el desencanto entre sus votantes. La perspectiva de retroceso electoral puede hacer cambiar de opinión a Pablo Iglesias y los suyos.

Las últimas reflexiones van dirigidas a las peticiones nacionalistas. Su cumplimiento constituye una de las claves de la próxima legislatura. Comparto la idea de que es mejor negociar, hablar, usar la política para solucionar cualquier problema en la convivencia. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que son las regiones más ricas las que demandan más poder. Entiendo que los movimientos nacionalistas y sus demandas son legítimos. Como entiendo que su propia existencia es la mejor manifestación del caracter plural de España. Pero sus demandas no son un derecho, aunque ellos pretendan conectarlas con fueros y constituciones de otras épocas dándoles el rango de derechos históricos. Aquellos fueros lo fueron en epócas no democráticas y no pueden inspirar a un estado moderno que entre otras cosas debe guiarse por la solidaridad. Por eso, me sorprende el entusiasmo de parte de la izquierda. Que hay de progresista en el hecho de que en Euskadi tengamos los mejores servicios sociales del sur de Europa si en Extremadura los ciudadanos no tienen acceso al tren?. Somos capaces de solidarizarnos, justamente, con los países del tercer mundo, pero somos incapaces de repartir con las regiones más pobres del País en el que vivimos.

Por otra parte, no sé que se esconde detrás de la frase “modificaciones legales para reconocer las identidades nacionales”, pero si sé que las cuotas de poder que caen en manos de los nacionalismos son usadas en clave de construcción nacional, uniformizando a sociedades plurales y complejas como la vasca y la catalana. Joseba Arregi observa con preocupación los acuerdos de gobierno y señala (“Miedo a la complejidad” El Correo 04/01/2020) “….. los vascos van a conseguir, más allá de las competencias debidas …………. reducir las complejas identidades vascas a una simple identidad territorial” ........“Que España sea plurinacional es un hecho constatable. En la medida en que hay miles de personas que se sienten pertenecientes a la nación vasca, o a la catalana, existen la nación etnocultural vasca y la catalana. Y a la inversa:en la medida en que en Euskadi y Cataluña existen miles de personas que se sienten pertenecientes, al menos también, a la nación etnocultural española, Euskadi y Cataluña son tan o estructuralmente más plurinacionales que España misma. Sin contar a todos aquellos que, por encima de su pertenencia a la nación etnocultural vasca o catalana, o española, tanto en Euskadi como en Cataluña se sienten y saben pertenecientes a la nación política española como ciudadanos sujetos de derechos y libertades garantizados por la Constitución.”

Los conflictos nacionales, en un país tan complejo al respecto como España, no tienen solución final, pero pueden ser encauzados con más normalidad y tranquilidad desde una organización federal del estado. El Estado federal distribuye el poder y la soberanía entre las entidades que lo forman pero también exige cooperación, solidaridad y coordinación entre las partes, así como fidelidad al proyecto común.

Pero no puedo acabar estas líneas sin desear suerte y feliz andadura al gobierno de Pedro Sánchez, especialmente en lo que se refiere a las propuestas sociales.